La Jefatura de Policía de Salto se ve nuevamente envuelta en un escándalo de corrupción que afecta directamente a la Oficina encargada de la Habilitación y Tenencia de Armas. Tras las condenas de dos efectivos policiales por falsificación de documentos y estafa, una nueva investigación interna derivó en la formalización de un tercer funcionario por presunto delito de cohecho. La propia Jefatura, que había dispuesto la rotación de personal luego de las primeras irregularidades, decidió profundizar en las acciones de la oficina ante la persistencia de hechos anómalos, lo que culminó con la reciente acción judicial.
COHECHO Y MEDIDAS CAUTELARES
Según trascendió, el policía formalizado habría incurrido en la solicitud de dinero a ciudadanos a cambio de facilitar o agilizar trámites relacionados con la obtención del Título de Habilitación y Tenencia de Armas (THATA), acciones que, de comprobarse, constituyen el delito de cohecho. El Juzgado Penal de Segundo Turno dispuso la formalización de la investigación contra el funcionario policial en calidad de autor del delito. Como medidas cautelares, se le impuso la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país por un plazo de 120 días mientras continúa el proceso.
FALSIFICACIÓN Y CÁRCEL
Este nuevo caso se enmarca en una problemática que ya había llevado a la condena de otros dos policías, un hombre y una mujer, quienes trabajaban en la misma dependencia.
INVESTIGACIONES
Los hechos fueron denunciados hace al menos dos años, dando inicio a una extensa y minuciosa investigación a cargo del fiscal de 1º Turno de Salto, Augusto Martinicorena. La causa incluyó la toma de más de 100 declaraciones, pericias y la incautación de teléfonos, computadoras y discos duros de la propia Jefatura.
MODUS OPERANDI
Se comprobó que una de las funcionarias usurpaba el título de psicóloga para entregar las habilitaciones del THATA mediante un mecanismo de estafa. Cobraba dinero a personas que temían no superar la rigurosidad de la prueba psicológica, asegurándoles así el permiso para portar armas. Contaba con la complicidad de otro funcionario que, a sabiendas de la situación, completaba los títulos sin los controles necesarios.
LAS CONDENAS
El juez penal de 4ª Turno, Paulo Aguirre, condenó a la funcionaria por reiterados delitos de usurpación de título y estafa, imponiéndole una pena de 24 meses de cárcel, la cual ya está cumpliendo en la Unidad 20 del INR de Salto. El otro policía, considerado cómplice con una participación tangencial, fue condenado por dos delitos de estafa a 24 meses de prisión bajo el beneficio de la libertad a prueba con medidas alternativas. A raíz de los hallazgos, se espera que la Policía de Salto deba enfrentar la compleja tarea de revisar la totalidad de los permisos de armas otorgados durante el período en que operaban estos funcionarios.
