Dr. Fulvio Gutiérrez
La pasada semana, tuve la oportunidad de escuchar en el Informativo matutino de Radio Carve, la entrevista que los periodistas Miguel Nogueira, Nicolas Lussich y Patricia Martín, le hicieron a Germán Gutiérrez, integrante del gremio de funcionarios del Ministerio del Interior que cumplen funciones en las cárceles en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Los hechos que relató dicho funcionario, me resultaron de tal gravedad, que me costó aceptar que esa realidad estuviera instalada en el Uruguay, a la vista de todo el mundo, y de todos quienes son o han sido gobierno.
El actual Comisionado Parlamentario, haciendo los informes correspondientes, se ha preocupado por corregir este desastre, pero sin éxito. Al punto tal que decidió iniciar acciones a nivel judicial en el juzgado de Conciliación. ¡Insólito! El gremio, por su parte, hizo un pedido de informes, y por esa vía se conoció que solo tres cárceles, de las veintiséis existentes, cuentan con habilitación por incendio que expide la Dirección Nacional de Bomberos. Recuerdo que esta dirección, como el INR, son dependencias del Ministerio del Interior, por lo que también es insólito la falta de colaboración entre ambos.
Para empezar, está claro que los derechos individuales no se respetan en las cárceles de nuestro país, ni para los funcionarios ni para los presos, y que todo ese verso de que en el Uruguay se respetan los derechos humanos fundamentales, es una tremenda mentira. Nuestra Constitución, y todo el derecho internacional que refiere en detalle al trato que se le debe dar por parte de cualquier Estado, a las personas que, por violaciones de naturaleza penal, terminan en la cárcel, son olímpicamente olvidados, y que, como consecuencia de ello, la disposición programática prevista en nuestra Constitución es letra muerta. Esto no es nuevo. Es más, lleva demasiados años.
No olvidemos que la Organización de las Naciones Unidas ha enviado funcionarios para que conozcan cual era en realidad nuestra situación carcelaria, y los informes del Comité de Derechos Humanos de julio de 2022, han sido lapidarios, sobre todo criticando el hacinamiento de presos en las cárceles, las condiciones de detención y las muertes bajo custodia. Incluso ha intimado a Uruguay a garantizar que todas las muertes bajo custodia sean investigadas, y que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados. También pidió al Estado uruguayo que solucionara eficazmente el problema del hacinamiento en las cárceles y redujera la prisión preventiva.
El Sr. Gutiérrez, ante las preguntas de los periodistas, afirmó: De las 26 cárceles, 16 tienen hacinamiento crítico, porque tienen el doble de presos que su capacidad lo permite; algunas celdas son inhabitables, tienen una deficiente instalación eléctrica que es peligrosa para sus ocupantes, y un deficiente estado sanitario. Parece común tener que caminar entre las heces y la orina de los reclusos en algunos corredores, y en algunos casos, para los propios funcionarios policiales. ¡Inadmisible! Más allá de que los centros más comprometidos son el COMCAR y la Cárcel de Mujeres, la gravedad se agudiza en esta última. A las mujeres se las obliga a hacer trabajos que, en algunos casos, son denigrantes, y no se tiene en cuenta la situación especial de las embarazadas. Ni siquiera tienen una silla para poder descansar como lo exige una ley de 1920.
Para colmo, las organizaciones feministas se han olvidado de estas mujeres, como si fueran de segunda categoría. Este informe, no es otra cosa que la reiteración actualizada de otros informes realizados en varios años los anteriores. Es decir, la omisión de Uruguay viene de lejos, y la responsabilidad es de todos los gobiernos que ha tenido el país, durante tres décadas hacia acá.
Esto obliga a preguntar: ¿es que nadie va a hacer algo al respecto? Porque existe un Comisionado Parlamentario, el Dr. Juan Miguel Petit, que ha realizado reiterados informes para que se comience a corregir esta terrible situación. Y nada. La ley No. 17.684 de 2003, crea el Comisionado Parlamentario, con “el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en el control del cumplimiento, de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. Igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado”. ¡Clarito no!
Pero el incumplimiento de la ley es más claro aún. Es cierto que los sucesivos gobiernos han realizado mejoras y reformas en algunas cárceles y se han implementado programas de tratamiento y rehabilitación, pero todo ha sido demasiado lento y disperso. Como dice un latiguillo que anda por ahí, “tardío e insuficiente”. El nuevo gobierno ha comenzado a elaborar su presupuesto. Es la oportunidad del Ministerio del Interior para organizar una nueva política carcelaria, y cumplir con las normas y las exigencias de Naciones Unidas.
