Por Carlos Arredondo
Hoy me quiero referir a un tema que debería estar en el centro de la atención de los medios de prensa y encabezando la agenda política nacional, sin embargo permanece escondido en la oscuridad, como para que no se vea y así nadie salga salpicado o se ensucie las manos. Es que el asunto pareciera ser un buen negocio para unos pocos. Me refiero a la venta de sangre humana. Sí, a pesar que en nuestro país la ley 18307 de 2008 prohíbe su comercialización con fines de lucro, así como también la de los derivados producto de su industrialización, Uruguay, de acuerdo a un informe del Banco Mundial en 2022 quedó a mitad de tabla de los 77 países exportadores de sangre humana.
El asunto de la sangre humana para exportar y generar lucro a alguna empresa o personas, no solamente es grave porque viola una ley, sino que para poder exportar debe pasar por Aduana -que no es otro que el propio Estado-, quien debe corroborar que todo esté en orden para que la exportación se realice. Pero, además, porque en nuestro país existe una agencia gubernamental responsable de la promoción de exportaciones, que trabaja para potenciar la capacidad exportadora y la competitividad de las empresas uruguayas y tiene como propósito, entre otras cosas, apoyar “a las empresas uruguayas para que inicien el proceso de exportación o fortalezcan sus operaciones a nivel internacional, entre otros cometidos. Me estoy refiriendo a Uruguay XXI, quien en su propia web da cuenta que “se rige y reporta a un Consejo de Dirección conformado por la siguiente estructura: Ministro de Relaciones Exteriores (presidente) Omar Paganini, ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, ministro de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, ministro de Turismo, Tabaré Viera Duarte, y Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, Isaac Alfie”. Sí, casi todo nuestro gobierno está “controlando” lo que se exporta, o se deja de exportar, a través de esta agencia, por lo que es imposible caer en la ingenuidad o inocencia, de pensar que nuestro gobierno no sabe que este país es exportador de un producto que no se puede exportar.
De acuerdo a una investigación realizada por Libertad Sanitaria Uruguay (LS), una organización ciudadana que difunde los derechos individuales en temas de salud al amparo de la normativa vigente en nuestro país, quien a través de su página web ha expuesto el asunto, Roche International LTD obtuvo casi U$S 3.000.000. Una empresa de bienes raíces o inmobiliaria (Inmuebles del SUR) ha exportado hemoderivados (de sangre humana o animal) por más de U$S 280.000. Blaufarma y Laboratorio Libra S.A. exportaron seroalbúmina humana por más de U$S 5.000 y U$S 20.000 respectivamente. En su informe Libertad Sanitaria señala a la Universidad Católica del Uruguay, el Hospital Británico, la DIGESA – MSP – estas últimas en cantidades muy pequeñas-, como exportadores de nuestra sangre.
Pero lo que a mi gusto resulta lo más grave de todo esto es poder comprender de donde sale la sangre humana que se exporta, o se industrializa para la obtención de hemoderivados, ¿Quién provee a los exportadores uruguayos, y cuanto cobra por ella?
Cualquier uruguayo sabe que la sangre proviene de la solidaridad y el altruismo de las personas, quienes se someten voluntariamente a la extracción de su sangre para donarla gratuita, y generosamente, a quienes la necesiten.
Generalmente las clínicas donde son internadas las personas, o donde se les realizará algún tipo de cirugía exigen a los familiares del paciente la donación “voluntaria” de sangre con la excusa que es “para reponer” la que se use en el paciente. La mayoría de las veces el planteo es casi extorsivo, y la intervención y/o atención del paciente están sujetas a las donaciones recibidas.
De acuerdo con la ley, en este país no hay otra manera de obtener sangre humana que no sea por voluntad del donante, y su utilización no puede tener fines de lucro por lo que la legalidad de este pedido-exigencia está en duda, y por supuesto puede verse como una verdadera inmoralidad.
Entonces, ¿Deberíamos pensar que el Banco Mundial miente? ¿Y si el BM no miente, además de una flagrante violación de la ley, estamos ante una descomunal estafa -con el estado como cómplice- a los ciudadanos que acuden a donar su sangre solidariamente?
A continuación está el enlace a la web del BM donde detalla cuales son los países exportadores de sangre humana:
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2022/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/300210
