Por Carlos Arredondo
El pasado martes 9 de septiembre, en esta misma columna, publiqué un artículo bajo el título: “Agenda 2030: Acelerador a fondo”, donde mostraba que el actual gobierno puso 5ta, de cara a la implantación de todas las medidas que son funcionales a las órdenes impartidas desde el Foro Económico Mundial.
Hoy, en una especie de extensión de aquel artículo, voy a referirme a un asunto que muestrala perversidad que encierran estas disposicionesdefinidas como Agenda 2030.
Concretamente quiero exponer sobre el proyecto de “regulación democrática de las grandes plataformas digitales”, el que desde el pasado 11 de setiembre está en estudio en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado de la República.
El proyecto sería el resultado de un seminario realizado en el mes de mayo, impulsado por el propio senado de la República y fue impulsado por dos empresas privadas - Datysoc y OBSERVACOM- y la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “un organismo especializado de la ONU cuya misión principal es contribuir a la paz y la seguridad internacionales”.
¿Pero qué hay detrás de este asunto que el senado uruguayo tanto se afana en atender?
De pique, el nombre nos marca un camino equivocado, pues nos hace pensar que se regularán las grandes plataformas, y no a los usuarios, pero, cuando cualquier abomba´o sabe, el Estado uruguayo jamás tendría el poder de hacer bailar su música a estos monstruos económicos, por el contrario, me atrevo a decir que es nuestro Estado quien se mueve al ritmo que tocan Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, y tantos otros (y este proyecto es la muestra de eso).
Al momento de informar sobre lo acontecido en el seminario del mes de mayo, la propia UNESCO hace saber a quien quiera oírla, que allí impartió directrices. Sí, así como lo lees. Dice la UNESCO: “Durante la jornada, Rosa González, Consejera Regional de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, presentó las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales, documento internacional que ofrece una hoja de ruta concreta para garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos humanos en entornos digitales” (Sí, ya sé que allí dice que pretenden garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos humanos, pero ya han demostrado con creces que esas intenciones son puro verso y lo que verdaderamente persiguen es todo lo contrario).
¿Pero si viene la UNESCO e imparte “directrices”- y encima lo ventila como si fuese lo más normal del mundo -, debemos pensar que nuestra libre determinación, como país soberano que se supone somos, brilla por su ausencia?
Pero el proyecto en análisis de la comisión del senado, aunque -como siempre en estos casos-se presenta como una iniciativa democrática y transparente, lo que en realidad busca es controlar a los usuarios de las grandes plataformas e instalar un sistema de vigilancia y censura sobre la expresión libre en internet.
Pretende que, bajo la excusa de garantizar derechos, el estado pueda definir qué discurso es legítimo, qué información se considera riesgosa o falsa, y quién tiene la autoridad moral para decidirlo.
Según el periodista y analista Esteban Queimada “Esto supone trasladar el poder de moderar ideas, desde los ciudadanos hacia burócratas y organismos internacionales. El documento propone crear una autoridad Nacional de supervisión de plataformas digitales, un nuevo órgano Estatal encargado de vigilar el cumplimiento de las normas y supervisar la moderación de contenidos; Esto equivale a un “Ministerio de la verdad” con poder de sancionar a medios, influencers, o usuarios que difundan opiniones contrarias a la ortodoxia política, o cultural del momento”.
El proyecto es un iceberg, del cual solo nos muestran su punta pero esconde su verdadero poder, donde nosotros no podemos ver. Te invito a que realices tu propia búsqueda, ya que está en nosotros evitar que semejante atropello se concrete.
Martes 04 de Noviembre, 2025 201 vistas