La edil departamental Lic. Lucía Minutti alzó la voz ante la Junta Departamental de Salto para alertar sobre la delicada situación que atraviesa el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género de Inmujeres-MIDES. Esta política pública, que cuenta con una trayectoria ininterrumpida de 17 años en el departamento, ha enfrentado en los últimos meses severas dificultades operativas que ponen en riesgo la contención de cientos de familias. La causa principal de este escenario radica en los atrasos del Ministerio de Desarrollo Social en el traspaso de partidas presupuestarias hacia la Organización de la Sociedad Civil que gestiona el dispositivo y contrata a los profesionales.
ALCANCE Y COBERTURA
El impacto de este servicio en el departamento de Salto es de un volumen indispensable para el sistema de protección social. Durante el último año, el equipo multidisciplinario registró un récord de 853 consultas. Su labor cotidiana se estructura sobre tres pilares de acción fundamental articulados con el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. En primer lugar, brinda atención continua a mujeres mediante una agenda mensual de entre 130 y 150 usuarias, manteniendo a más de 90 de ellas en un seguimiento psicosocial y legal permanente. En segundo lugar, aborda la reeducación y responsabilización de entre 70 y 80 varones derivados por orden judicial. Finalmente, a través del Dispositivo de Articulación Territorial, despliega acciones de sensibilización y abordaje directo tanto en la planta urbana como en zonas rurales.
PRECARIEDAD Y RECLAMACIÓN
El retraso acumulado en el cobro de haberes llevó a que los técnicos del equipo interrumpieran temporalmente sus tareas tras dos meses de impago, una complicación que ya se había registrado previamente en febrero. Si bien la movilización reciente permitió que se desembolsaran los sueldos adeudados a la mayoría del personal permitiendo la reanudación de la atención presencial, la incertidumbre laboral persiste. Diversos profesionales reportan que la regularización aún no ha sido total y que la falta de garantías en el flujo de los fondos ministeriales mantiene al dispositivo en un estado de vulnerabilidad estructural.