Dr. Fulvio Gutiérrez
Siguiendo con el análisis de la situación política y jurídica que se ha planteado entre el Estado uruguayo y la firma “Francisco Cardama S. A.”, luego de las desafortunadas declaraciones del Presidente Orsi en la conferencia de prensa realizada el pasado 22 de octubre, quiero hacer algunas consideraciones sobre lo que entiendo, han sido graves errores jurídicos.
Para empezar, el Estado uruguayo firmó dos contratos con la empresa “Francisco Cardama S.A.” Un contrato de construcción de dos lanchas patrulleras oceánicas, que fue el contrato principal, con las características que supongo se detallan extensamente en el mencionado contrato, como el precio que se estableció, su forma de pago, plazo de la construcción, y todos los detalles que corresponde especificar en un contrato de esas características. Además, firmó un contrasto de garantía, que es un contrato accesorio de aquel contrato principal. En realidad, son dos garantías: una por el monto del primer hito del contrato, por E$8.227.000 (que se cumplió), y otra de fiel cumplimiento de la construcción de las lanchas, por E$4.113.500, que se ha cumplido tardíamente y con ciertas dificultades, aunque, en definitiva, el Estado uruguayo habría aceptado. Es en este contrato accesorio, donde el cumplimiento de Cardama, no ha sido regular, al punto que en estos momentos la empresa está gestionando conseguir alguna institución financiera que la respalde.
Lo lógico es que, si el gobierno uruguayo decide seguir adelante con una acción judicial de rescisión en la vía civil, lo que debe hacer es intimar judicialmente a Cardama, el cumplimiento de las garantías que omitió, para que, probada así la omisión, Uruguay quede en condiciones de iniciar la rescisión del contrato principal. Nada de eso ha ocurrido. Entonces es absurdo hablar de incumplimiento, cuando todavía el eventual incumplimiento no se ha constatado judicialmente.
El gobierno no puede desconocer, que habiendo dos obligaciones contractuales diferentes, una es el contrato principal (construcción) y la otra es accesorio (garantía), los vicios de un contrato accesorio no afectan al contrato principal. Porque, en la lógica de los contratos, el accesorio depende del principal, pero no al revés. Si el contrato principal tiene un vicio que lo anula, el contrato accesorio también se anula al perder su razón de ser. Sin embargo, si el vicio afecta solo al contrato accesorio (por ejemplo, la garantía), este puede ser anulado o modificado sin que ello invalide el contrato principal.
El Prof. Jorge Gamarra, afirma en el Tomo XII de su Tratado de Derecho Civil, que “el contrato principal es independiente, pero el accesorio, en cambio, depende de un contrato principal (ej. contratos de garantía, que tienen por función asegurar un crédito). Lo principal incide sobre lo accesorio, pero lo accesorio no influye sobre lo principal.El contrato accesorio sigue al principal; si se extingue el contrato principal, cualquiera sea la causa, se extingue también el accesorio dado que no tiene vida autónoma y es dependiente del principal. No así a la inversa, ya que, aunque se extinga lo accesorio, lo principal subsiste”. Por tanto, en este caso, Uruguay debe acreditar que el incumplimiento se da en el principal, pues si se diera solo en el accesorio (garantía), eso no afecta al contrato principal de construcción. No puedo creer que el gobierno no conozca estos elementales principios jurídicos. Tampoco puedo creer que el presidente Orsi, insista en que el contrasto está vigente, cosa que es verdad, pero, por otro lado, su secretario Sánchez, en un absurdo tono amenazante, afirme que continuará con la rescisión del contrato.
Está claroque hasta ahora, el gobierno uruguayo no hizo intimación alguna, ni del contrato principal ni del contrasto accesorio de garantía. Ergo, no hay incumplimiento por parte de Cardama. La construcción de la primera lancha continua, y el gobierno uruguayo lo reconoció, ya que pago dos cuotas del precio pactado, y envió oficiales de la Armada para controlar la referida construcción. Es más, recientemente la Ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó haber tenido una conversación con el dueño del astillero Cardama, para anunciarle que el gobierno retoma las inspecciones para la construcción de la primera patrulla oceánica. Por otra parte, la conducta de la Ministra ha sido evasiva, al punto de que fue citada al Parlamento y no concurrió. A su vez en la Comisión correspondienteel Frente Amplio votó en contra de una propuesta de la oposición para enviar una delegación a Vigo, para constatar in situ, el estado de la construcción de la primera lancha.
En definitiva, el gobierno no sabe qué va a hacer. Lo que sí debe saber, es que está creando una serie de situaciones que, en definitiva, a largo plazo, pueden servirle a Cardama para demandar al Uruguay, por su manifiesta irresponsabilidad en el tratamiento del tema. Parece de sentido común que, en este período de gobierno, Uruguay no tendrá lanchas paravigilar sus aguas territoriales.Vergonzoso.