Ante la incesante ola de inseguridad que azota al departamento de Salto, el sector empresarial y comercial local decidió tomar medidas y convocar a una movilización general. La cita está programada para el próximo lunes 7 de septiembre a las 13:00 horas. El punto de encuentro será la Plaza Artigas, desde donde los manifestantes marcharán hasta la Plaza 33. Posteriormente, el contingente subirá por la calle Artigas para realizar una concentración de entre 15 y 20 minutos frente a la sede de la Fiscalía.
CANSANCIO GENERALIZADO
El empresario Darío Santin detalló que la medida responde al cansancio generalizado del sector productivo. Aunque la iniciativa surgió dentro de un colectivo que actualmente reúne a 120 integrantes, la invitación está abierta a toda la comunidad. El grupo está compuesto por pequeños y grandes comerciantes, almaceneros, bolicheros de barrio, empresarios y emprendedores. Santin remarcó que si bien las zonas periféricas suelen ser las más golpeadas por rapiñas y hurtos, el centro de la ciudad también ha sufrido constantes episodios delictivos, afectando a la totalidad del rubro.
GESTIONES Y RECLAMOS
Respecto a las demandas del sector, los comerciantes exigen una mayor presencia policial, incremento del patrullaje y medidas efectivas para frenar la delincuencia. Sobre el vínculo con las autoridades, Santin explicó que las gestiones para reunirse con el Jefe de Policía de Salto se están realizando a través del Centro Comercial.
EL FOCO EN LA JUSTICIA
Durante la convocatoria, los comerciantes aclararon que el objetivo de la protesta no es cuestionar el despliegue de la fuerza pública. Según expresaron, la policía local, el PADO, los patrulleros y el personal de investigaciones realizan un trabajo respetable en la captura de los delincuentes. Sin embargo, la indignación del sector se centra en las resoluciones del ámbito judicial y fiscal. Los comerciantes señalaron que existe una disparidad preocupante en los fallos: mientras en algunos casos de rapiña se han dictado sentencias ejemplares de hasta siete años de prisión, en otros episodios de atracos a mano armada con personas lesionadas se ha otorgado la libertad a prueba.
