Hay preguntas que parecen referirse al dinero, pero terminan poniendo en discusión algo mucho más importante: la soberanía. Uruguay se endeuda en nombre de la estabilidad, el desarrollo y un futuro mejor. ¿Quién podría oponerse a conseguir recursos para mejorar la educación, la salud o la seguridad?
El problema comienza cuando preguntamos qué hay detrás de esos préstamos. El dinero no llega gratis: hay que devolverlo, pagar intereses y cumplir compromisos. Y hasta ahí te la llevo, pero ¿qué sucede cuando la devolución no se limita a los dólares, sino que compromete también la capacidad del país para decidir su rumbo? Ahí aparece la segunda factura.
No hablo de contabilidad, sino de política: de la posibilidad de que, para acceder al financiamiento, un país acepte condiciones que influyan sobre sus prioridades y decisiones soberanas. No todos los préstamos son iguales. Pero cuando existen condicionamientos, corresponde preguntarse cuánto margen de decisión conserva quien los acepta.
Porque una cosa es recibir dinero y otra, muy distinta, terminar bailando la música que tocan quienes lo prestan.
Además – y creo que cabe la pregunta - ¿Por qué los organismos que aportan capital pueden interesarse por el rumbo de nuestra educación, nuestra salud, nuestra economía y nuestras instituciones? ¿Se trata solamente de asegurar el repago o también de influir sobre cómo deben funcionar los países que necesitan ese financiamiento? Y si así fuera ¿Por qué necesitan, o quieren, que los países tengan determinado rumbo? ¿Qué hay detrás?
Pero lo más perverso es que los acuerdos llegan envueltos en papel de regalo: Como la oportunidad que no podemos dejar pasar, la solución para construir un futuro mejor. Cada préstamo parece una panacea. Todo se hace, según el discurso oficial, para mejorarnos la vida. Y ¿quién cuenta la otra parte? ¿Quién explica las condiciones aceptadas, las alternativas descartadas y las decisiones que podrían quedar condicionadas? ¿Quién muestra el precio completo antes de firmar, y no cuando los compromisos ya están asumidos?
Ahí aparece una posible connivencia de intereses: quien presta busca que se cumplan sus objetivos y quien recibe necesita presentar el financiamiento como un logro. El gobierno exhibe los recursos; el acreedor obtiene compromisos. ¿Y la ciudadanía? Muchas veces queda cautiva de una negociación que determinará en qué sociedad vivirá. Y con esto llega la perversidad de la segunda factura pues nos hacen el verso que el prestamos nos mejorará la vida, pero nos vendan los ojos para comprender el real alcance del pago que estamos asumiendo, al contrario, nos lo ocultan.
¿Cuánto entregamos en educación, salud, lucha contra la pobreza, seguridad, protección del medio ambiente….En definitiva; En soberanía?
Porque la soberanía no consiste solamente en tener bandera, himno, fronteras y elecciones. También es poder elegir qué país queremos construir, qué derechos proteger y qué necesidades atender primero. Si los acuerdos financieros condicionan esas decisiones, la sociedad tiene derecho a conocerlos y discutirlos. Porque la mayoría de las veces conseguir dinero se presenta como una victoria automática, sin dar cuenta, con igual claridad a qué tacho nos están tirando.
Quizás llevemos demasiado tiempo discutiendo cuánto debemos y demasiado poco preguntándonos qué comprometemos.
Entonces vuelvo a la pregunta: ¿cuánto hace que venimos pagando dos veces?
La primera factura se paga con dinero. La segunda, cuando existe ese condicionamiento, puede pagarse con soberanía y libertad para elegir nuestro camino.
Un país puede cumplir puntualmente con sus acreedores y, aun así, el gobierno deberle a su gente una explicación: ¿qué aceptó en su nombre, por qué lo hizo y cuánto de su futuro comprometió? Y allí puede estar la respuesta a la pregunta que nos hacíamos en la columna pasada: “Educación: ¿Y si la decadencia es deliberada?” (Adaptada a los intereses de los organismos internacionales que no quieren a nuestro pueblo educado y con pensamiento crítico).