En una contundente intervención en el Parlamento, el legislador salteño Horacio de Brum puso bajo la lupa el incumplimiento de las normativas vigentes que aseguran la movilidad de las personas con discapacidad. Con un discurso centrado en la brecha entre la letra fría de la ley y la realidad cotidiana de las familias de Brum cuestionó la eficacia del sistema actual y exigió respuestas claras a los organismos responsables.
UN DERECHO QUE SE PIERDE
De Brum fue enfático al señalar que existe un derecho que desaparece cuando una familia intenta ejercerlo. Según explicó, los ciudadanos se encuentran atrapados en un laberinto donde una oficina deriva a la otra y nadie sabe explicar con precisión dónde se gestiona el beneficio. Esta falta de orientación genera que muchas familias pasen meses recorriendo dependencias públicas en busca de respuestas que nunca llegan.
PEDIDOS DE INFORME
Ante la gravedad de estas barreras administrativas, el representante salteño decidió pasar a la acción legislativa mediante la presentación de pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Las interrogantes planteadas por De Brum son elementales pero críticas:
- ¿Dónde comienza realmente el trámite para acceder al beneficio?
- ¿Qué organismo es el encargado de emitir el carnet correspondiente?
- ¿Cuántos documentos de este tipo existen actualmente en circulación?
- ¿El sistema funciona de forma efectiva o es simplemente un texto decorativo en un decreto?
UN CAMBIO DE PARADIGMA
Más allá de la denuncia administrativa, de Brum propuso una reflexión profunda sobre la concepción de la discapacidad en Uruguay. El legislador instó a la sociedad y al Estado a abandonar el uso de la palabra discapacidad como una etiqueta administrativa totalizadora. Una persona no es un carnet, no es un expediente, no es una clasificación médica permanente; es alguien que estudia, trabaja, se desplaza, participa y construye un proyecto de vida.
