Entre el derecho y la productividad

Por el Dr. César Signorelli
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El titular del MEF sorprendió recientemente al afirmar que en Uruguay hay exceso de abogados en las negociaciones colectivas y que se necesita más información y evidencia. La frase puso sobre la mesa una crítica al modo en que funcionan los Consejos de Salarios y la dinámica del diálogo social.
No es descabellado pensar que la referencia guarde relación con el pensamiento de Duncan Kennedy, uno de los fundadores del movimiento Critical Legal Studies y una de las voces más provocadoras en la reflexión sobre el papel de los abogados y del derecho en la sociedad contemporánea y que en su célebre entrevista “¿Son necesarios los abogados?” desarmara la idea tradicional del abogado como mero técnico neutral o servidor indispensable de la justicia. Para Kennedy, el derecho no es un conjunto objetivo de normas que los juristas simplemente aplican, sino un espacio político e ideológico donde se disputan intereses y valores. La educación jurídica, dice, forma operadores más que transformadores, profesionales que aprenden a moverse dentro del sistema, no a cuestionarlo. 
Oddone recordó que el modelo uruguayo es sólido, pero que tiene espacios de mejora y que la negociación colectiva ha quedado atrapada en un enfoque excesivamente formalista, donde predominan los argumentos jurídicos por encima de los técnicos o productivos, lo que lo lleva a decir que se requiere más evidencia y datos que respalden las decisiones.
Cuestiona así la rigidez del sistema y atribuye este factor a que las mesas de negociación están dominadas por visiones jurídicas, con lo que la discusión tiende a centrarse en los derechos adquiridos, las fórmulas normativas y los precedentes legales, dejando en segundo plano la heterogeneidad empresarial, la productividad o la innovación.
Esto lleva, según  interpretamos al Ministro, a la resistencia a medir la productividad por empresa y no solo por rama, para permitir que los acuerdos reflejen la diversidad real del tejido productivo.
Sugiere entonces la incorporación de nuevos perfiles técnicos, tales como economistas laborales, analistas de datos y especialistas en gestión empresarial. No se trata de excluir a los abogados -figuras imprescindibles en la ingeniería jurídica- sino de equilibrar la mesa con otras disciplinas.
Nuestro país cuenta con uno de los sistemas de negociación más amplios de América Latina, con una cobertura que ronda el 90% de los trabajadores formales, pero esa fortaleza puede convertirse en debilidad si los mecanismos no evolucionan y por eso su propuesta consiste en modernizar sin desproteger. Mantener la estructura tripartita y la cobertura nacional, pero dotar al proceso de más información, evidencia y flexibilidad.
Esto es un llamado a la reflexión y a repensar cómo se construyen los futuros acuerdos laborales. La negociación colectiva no puede limitarse a un trámite jurídico, debe transformarse en un instrumento que combine equidad con productividad, derecho con eficiencia, y que reconozca y recoja la complejidad real del mundo del trabajo.