En abril, el Gobierno de Salto anunció que fue seleccionado para integrar CIIAR Uruguay, un programa de la Red de Innovación Local y el BID Lab para promover el uso "estratégico, ético y responsable" de la inteligencia artificial en los gobiernos locales. En mayo estuvo en el lanzamiento del AI for Good Lab, de Microsoft junto a LATU, MIEM y Antel.
Y a nivel nacional, el presidente habló en Nueva York de convertir a Uruguay en un centro regional de IA. Buenas noticias todas.
Pero, leí los anuncios con atención y en ninguno encontré una sola meta: ni un número, ni un plazo, ni una forma de saber dentro de un año (o el plazo que definan), si salió bien.
Aclaro algo antes de seguir: esto no es una crítica a un partido o persona. La misma pregunta vale para el gobierno nacional, que es de un color, y para el departamental, que es de otro. Tampoco dudo de las buenas intenciones de nadie. El problema es otro, y lo conozco bien porque lo veo todos los días en mi trabajo.
Me dedico, entre otras cosas, a hacer publicidad digital en redes sociales para empresas. Lo primero que aprende cualquiera en este rubro es que un "me gusta" no es una venta. Una publicación puede juntar mil corazones y no vender un solo par de zapatos. Por eso, antes de gastar un peso en un anuncio, el cliente y yo acordamos qué vamos a medir: cuántas consultas, cuántas ventas, cuánto cuesta cada una. Si a fin de mes el número no se movió, el anuncio no sirvió, por más lindo que haya quedado. Con la IA en el Estado pasa exactamente lo mismo. Un convenio firmado, una foto en un foro, un discurso en el exterior son los "me gusta" de la gestión pública. Se ven bien. Pero no dicen nada sobre si al vecino le cambió algo.
Y el riesgo es concreto. Si nadie fija de antemano qué se quiere lograr, la IA se transforma en una máquina de titulares: cada año un programa nuevo, un taller nuevo, un acuerdo nuevo, y nunca un informe que diga qué se consiguió o que convirtió con el anterior. Sin número, cualquier resultado se puede contar como éxito. El propio director de Agesic, Daniel Mordecki, lo dijo el año pasado: el verdadero impacto de estas tecnologías se ve cuando los proyectos "mejoran la calidad de vida y hacen más sencilla la interacción con el Estado". Estoy de acuerdo. Pero para que eso no quede en una frase, hay que medirlo.
¿Qué medir? No hace falta ser ingeniero. Alcanza con preguntarse qué le duele hoy al vecino cuando tiene que tratar con la Intendencia o el Gobierno Nacional. Cuántos días tarda una habilitación comercial. Cuánto espera alguien en la fila para sacar un libre de deuda o pagar la contribución. Cuántas consultas por WhatsApp quedan sin contestar, o se contestan a los tres días. Cuántos reclamos por una luz quemada o un pozo en la calle se resuelven en una semana. Se toma el número de hoy, se pone una meta y se publica. Y en seis meses se vuelve a medir, a la vista de todos.
Ahí está el segundo punto, tan importante como el primero: los números tienen que ser públicos. Una meta que solo conoce el que la fijó no es una meta, es una excusa guardada en un cajón. Si la IA le ahorra horas a los funcionarios, que se diga cuántas y en qué se usaron. Si un proyecto no funcionó, que también se diga. Un intento que falla y se reconoce enseña mucho más que diez que se anuncian con bombos y platillos y desaparecen sin rendir cuentas.
Que Salto esté sentado en las mesas donde se habla de inteligencia artificial es bueno, y lo celebro, que a nivel del Gobierno Central se este pensando en promover a Uruguay como centro regional de IA también. Pero dentro de un año no quiero leer que participamos de otro foro. Deberiamos leer cuántos días menos tarda una habilitación, cuántas horas de fila se ahorraron, cuántos reclamos se resolvieron más rápido, o cuantas empresas privadas se beneficiaron de los planes de IA gubernamentales para mejorar sus procesos internos o productividad. Ese es el único titular que vale la pena.