Ignorancia o mal asesoramiento

Dr. Fulvio Gutiérrez
El 22 de octubre de 2025, el Presidente Yamandú Orsi, acompañado de su Secretario, Alejandro Sánchez, y de su Prosecretario, Dr. Jorge Díaz, anunció el inicio de acciones para rescindir el contrato celebrado por Uruguay con la empresa española “Francisco Cardama S.A.”, para la construcción de dos lanchas patrulleras oceánicas. Hace unos días, o sea cuatro meses después, acompañado de sus mencionados secretarios, y además de la Ministra de Defesa, Sandra Lazo, realiza una nueva conferencia de prensa, para anunciar la rescisión del contrato con el “astillero” Cardama. Es decir, dos conferencias de prensa para anunciar lo mismo. Algo insólito, y poco serio. Los únicos agregados fueron dos o tres vagas pretensiones, las que serían reclamadas en algún momento. 
En dos columnas que escribí luego de la primera conferencia de prensa, señalé que había una serie de aspectos jurídicos que se habían omitido por parte del gobierno, y que el manejo del asunto adolecía de una reiterada omisión de plantear fundamentales principios jurídicos relacionados con el incumplimiento de contratos bilaterales, que son absolutamente imprescindibles, para que prospere un litigio. Por ejemplo, toda rescisión de contrato comienza con una intimación judicial que tiende a hacer caer en mora al presunto incumplidor, lo que no se hizo. Esta omisión se mantiene, lo que no hace otra cosa que proporcionar argumentos a favor a la empresa Cardama, en la eventualidad de un juicio futuro. Todo lo cual me lleva a afirmar que el señor Presidente está muy mal asesorado. 
Véase que estamos ante dos contratos; un contrato bilateral principal, del cual surgen obligaciones recíprocas para ambas partes, referido a la construcción de dos lanchas patrulleras oceánicas, y un contrato de garantía, para cubrir el cumplimiento del contrato principal. Hasta ahora, nada se hizo en tal sentido. Pero, además, debe tenerse en cuenta que son dos contratos, y que, al parecer, en principio, el que se incumplió seria el contrato accesorio de garantía. Es decir, primero hay que intimar el cumplimiento de ese contrato. Y si el gobierno entiende que también se incumplió el contrato de construcción, entonces debería intimar, también, el cumplimiento de ese contrato principal. Por lo que se sabe, eso tampoco ocurrió. Porque, en la lógica de los contratos, el accesorio depende del principal, pero no al revés. Si el contrato principal tiene un vicio que lo anula, el contrato accesorio también se anula al perder su razón de ser. Sin embargo, si el vicio afecta solo al contrato accesorio (por ejemplo, la garantía), este puede ser anulado o modificado sin que ello invalide el contrato principal
Pero lo más insólito, es que todas esas medidas, se deben tramitar en la vía civil. Sin embrago, el gobierno uruguayo resolvió ir por el derecho penal, y presentó una denuncia, sosteniendo que se cometieron los delitos de fraude y estafa, cuando de acuerdo a la tipificación de ambos delitos en el Código Penal, eso no es posible contra Mario Cardama. Salvo que se pretenda imputar al senador Javier García, y a las demás jerarquías del Ministerio de Defensa del período anterior y este sea un tiro por elevación respecto de esas personas mismas. Aclaro también, que estas denuncias se realizaron sin previamente movilizar los mecanismos de mediación que están previstos en el contrato, colocándose entonces el gobierno, en una situación incómoda, para eventualmente, buscar un arreglo extrajudicial.
Sin perjuicio de lo indicado, no puedo dejar de señalar que la construcción de la primera lancha continúa, y el gobierno uruguayo lo reconoció, ya que pago tres cuotas del precio pactado, y envió oficiales de la Armada para controlar la referida construcción. Es más, recientemente la Ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó haber tenido una conversación con el dueño del astillero Cardama, para anunciarle que el gobierno retoma las inspecciones para la construcción de la primera patrulla oceánica. A lo que debe agregarse, que, en un momento, el Dr. Gonzalo Fernández, (no se aclaró si representaba a Cardama), se reunió en la Torre Ejecutiva con representantes del gobierno uruguayo, y entregó algunas propuestas de solución al conflicto, las cuales nunca se habría contestado.
Como importante complemento de todo esto, bueno es recordar que el Tribunal de Cuentas avaló la legalidad de todas las actuaciones que realizó el Ministerio de Defensa del gobierno anterior, para la contratación con la empresa Cardama, Y esto importa, y mucho.
Recientemente se hizo público por Montevideo Portal, tres propuestas que Cardama hizo al gobierno uruguayo, para sanear las garantías cuestionadas: a) utilizar bonos del tesoro de Estados Unidos como garantía, lo que funciona como una prenda pasible de ejecución si no se cumple: b) utilizar activos económicos de la empresa y depositarlos en el BROU, y c)extensión de la garantía de reembolso, a cargo de la empresa Redbridge. Este ofrecimiento, el gobierno lo ha mantenido en secreto, porque no figura en el expediente que sí hizo público.
Realmente no se puede entender la conducta del gobierno uruguayo. Entiendo entonces, la actitud cauta y tranquila de la empresa Cardama. Está “orejeando” que el gobierno uruguayo, se equivoca una y otra vez, y se está metiendo en una situación que, en su momento, la va a favorecer. La perspectiva de que el eventual juicio le sea favorable a Uruguay, está cada vez más lejana. Ergo, creo que no tendremos patrulleras oceánicas en el resto del presente período de gobierno, y el Estado uruguayo se va a transformar en un deudor de varios cientos de miles de dólares, entre condenas judiciales, daños y perjuicios y honorarios profesionales. Por eso, lo del título.