Ataque al poder judicial

Dr. Fulvio Gutiérrez
Los uruguayos estamos orgullosos de vivir en un “Estado de Derecho”, pero a veces, obnubilados por ese orgullo, no reparamos que tal convicción tiene algunas falencias, que vienen de más de un siglo atrás, y que todos los intentos realizados con la finalidad de corregirlas, han fracasado. Gobierno tras gobierno, sin importar el partido al que pertenezcan. Por principio, en un Estado de Derecho debe existir una igualdad entre los tres poderes del gobierno, y, sin embargo, existe uno de ellos que corre con desventajas en su sagrada función de aplicar Justicia, y es el Poder Judicial.
Nuestra Constitución ha creado para nuestro Poder Judicial, una muy buena organización y nuestro legislador, en cumplimiento de tales disposiciones, ha reglamentado su estructura y ejercicio apegándose a esos principios fundamentales. En ese sentido, el procedimiento de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que nos viene de la Constitución de 1830, es claramente ajeno a las competencias del Poder Ejecutivo, como lo es también la designación de los Magistrados de los tribunales o juzgados del país. Pero no ocurre lo mismo con la cobertura de las necesidades económicas del Poder Judicial porque, ahí si interviene el Poder Ejecutivo, u lo hace de tal forma, que determina y juzga, procedencia o no de tales necesidades. 
Entonces, en definitiva, el Poder Judicial tiene independencia técnica, interna y externa, porque los magistrados de sus órganos, individuales y colectivos, deciden los asuntos a su consideración, con total independencia a lo que entiendan u opinen sus colegas judiciales, o los órganos de los poderes ejecutivos o legislativos. Pero no tienen independencia económica, porque quien determina si se deberá aprobar o no el presupuesto que solicita el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo. Y con esto se va al diablo la famosa independencia del Poder Judicial. Así, sin anestesia. Y eso se ha incrementado en este presupuesto 2025-2029. 
¿Qué ha pasado este año? La Suprema Corte de Justicia envía al Poder Ejecutivo, lo que entiende tiene que ser su presupuesto para el próximo quinquenio, reafirmando su compromiso con el Estado de Derecho, la tutela de los derechos fundamentales y el acceso real y universal a la justicia. Solicita la creación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género, con sus respectivos magistrados, defensores públicos y equipos técnicos especializados; pide la instalación de juzgados letrados en Ciudad del Plata, donde hay 40.000 habitantes que hoy solo tienen un juzgado de paz; pide la incorporación de 116 cargos de defensores públicos entre titulares y suplentes; y pide medidas de salud laboral, suplencias y carrera funcional,  para dignificar el trabajo de jueces, defensores y funcionarios. 
En muchos casos son reformas funcionales de costo cero, que buscan simplificar los trámites judiciales, eliminar dilaciones innecesarias y acercar la justicia a las personas. Pero ni siquiera lo que no tiene costo fue aceptado por el Poder Ejecutivo, que en definitiva envió al Parlamento, un presupuesto reducido a la creación de cargos para la instalación de un juzgado letrado en la Ciudad del Plata en San José, dos juzgados de primera instancia en el interior especializados en violencia de género, con dos cargos de receptores de audiencias y tres cargos de auxiliares grado 7, y 14 cargos de auxiliares de morgue grado 7.Nada más.
¡Una verdadera vergüenza! Nuestro Poder Judicial está débil porque no tiene independencia económica por culpa del Poder Ejecutivo de turno. Y si alguna virtud tiene ella se basa en la calidad y empeño de sus funcionarios, técnicos y no técnicos. Más aún, cuando constato que en el presupuesto de la ley No. 19.924, de 2020, se limitó aún más su margen de maniobra, al impedirle su capacidad de decisión sobe sus propios recursos económicos. Y ahora, el gobierno incluye en el proyecto de ley referido a la Defensoría Pública, en su art.16, una apropiación de los bienes del Poder Judicial, muebles, inmuebles y derechos de cualquier naturaleza de los que fuera titular para el funcionamiento de la Defensa Pública, la que operará de pleno derecho, y sin indemnización de clase alguna. A mi juicio, esta norma que se proyecta lesiona gravemente el patrimonio del Poder Judicial, sin perjuicio de ser inconstitucional.
Se trata de una especie de expropiación de bienes del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, violando las normas sobre expropiación que la propia Constitución establece. ¿Por qué este ensañamiento con el Poder Judicial? O es que el gobierno de izquierda quiere una justicia funcional a sus intereses ideológicos, y utiliza un medio indirecto, cual es disminuir sus facultades frente al Poder Ejecutivo. Espero que nuestros legisladores denieguen la aprobación de semejante inconstitucionalidad, so pena de ser coautores de un cobarde ataque a la independencia del Poder Judicial.
La cruda realidad indica que hoy, el Poder Judicial funciona con el 0,32% del PIB, que, solo para comparar, es el 1.09% de lo que se le asigna al Gobierno Central. A veces, analizo la situación de los Poderes Judiciales de otros países, y veo que, en Costa Rica, el art. 177 inc. 2º. de la Constitución, dispone que el presupuesto del Poder Judicial es el seis por ciento del monto total del presupuesto del Estado. Sinceramente, siento una sana envidia.