En una jornada marcada por la defensa de los sectores productivos nacionales, el senador Sebastián Da Silva presentó un pedido de informes formal ante el Poder Legislativo para exigir explicaciones detalladas sobre la nula participación de Uruguay en la cuota de exportación de miel hacia la Unión Europea.
La iniciativa surge tras confirmarse que los apicultores locales no han logrado colocar ni un solo kilogramo del producto dentro del marco preferencial establecido en el tratado comercial entre el bloque europeo y el Mercosur.
El documento, dirigido a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Relaciones Exteriores, busca arrojar luz sobre las gestiones diplomáticas y comerciales realizadas por el Poder Ejecutivo. Según lo expresado por el legislador, resulta inadmisible que, mientras otros socios regionales aprovechan los beneficios del acuerdo, la producción apícola uruguaya quede relegada de un mercado de alta demanda y valor agregado.
Da Silva fue enfático al señalar que existe una desconexión preocupante entre la burocracia estatal y la realidad que enfrentan los productores en el campo. El senador subrayó que el país real, aquel que trabaja la tierra y genera divisas genuinas, debe tener prioridad absoluta sobre el país de papel, haciendo referencia a los procesos administrativos que muchas veces terminan obstaculizando el acceso a mercados internacionales en lugar de facilitarlos.
El pedido de informes solicita específicamente conocer qué tipo de negociaciones se llevaron a cabo para asegurar una porción de la cuota para Uruguay y cuáles fueron los motivos técnicos o políticos que derivaron en este resultado negativo. Para el sector apícola, que atraviesa desafíos constantes en términos de costos y competitividad, la pérdida de esta oportunidad representa un golpe significativo a la rentabilidad y al desarrollo de una actividad clave para la biodiversidad y la economía rural.
Esta acción parlamentaria pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la eficacia de la diplomacia comercial uruguaya y la necesidad de proteger los intereses de los pequeños y medianos exportadores frente a los gigantes de la región. Se espera que en las próximas semanas las carteras involucradas brinden una respuesta oficial que aclare el destino de las gestiones y las posibles medidas correctivas para revertir esta situación de desventaja comercial.
