El representante nacional por Salto, Horacio de Brum, presentó en la Cámara de Diputados un formal pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La iniciativa parlamentaria busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la atención médica y la posterior muerte de Valeria Jacquelín Rodríguez Machado, acontecida el pasado 9 de octubre en el Hospital Departamental de Salto. La paciente ingresó al servicio de urgencias de dicho nosocomio el 8 de octubre de 2026 y fue derivada a sala de internación durante la madrugada del día siguiente. Sin embargo, a las 16 horas del 9 de octubre se constató su deceso. Tras el desenlace, los familiares de Valeria expresaron serias dudas e interrogantes vinculadas a la asistencia médica recibida, el diagnóstico, las causas de su fallecimiento y la calidad de la información brindada por las autoridades asistenciales.
GARANTÍAS Y TRANSPARENCIA
Ante la incertidumbre planteada por la familia, el legislador salteño remarcó la imperiosa necesidad de activar mecanismos de fiscalización que aporten certezas sin incurrir en prejuzgamientos. De Brum enfatizó que la actuación parlamentaria no busca atribuir responsabilidades de forma apresurada, pero subrayó que tampoco es admisible dejar sin respuestas transparentes a una familia devastada. El pedido de informes apela al artículo 118 de la Constitución de la República y solicita formalmente saber si el centro hospitalario realizó una revisión institucional exhaustiva de todo el proceso asistencial, desde el momento en que la paciente ingresó a la emergencia hasta que se declaró su fallecimiento.
AUDITORÍA E INDEPENDENCIA
Entre las interrogantes clave, el diputado solicitó conocer si ASSE o el MSP han dispuesto investigaciones administrativas, auditorías asistenciales o la intervención de profesionales externos al Hospital Departamental de Salto. Esta medida, según fundamentó, resulta crucial para garantizar la máxima independencia en el análisis técnico, reforzar la confianza pública y verificar el cumplimiento estricto de los protocolos asistenciales, de triage y de traslado a sala. Asimismo, el documento indaga si la institución evaluó la oportunidad de los tratamientos, el monitoreo del deterioro clínico y la adecuada comunicación con los familiares en momentos críticos.
RESPETO A LA PRIVACIDAD
El legislador dejó expresamente aclarado que el trámite parlamentario exige únicamente información institucional, antecedentes administrativos y conclusiones divulgables por la vía legal. El pedido respeta en forma absoluta el secreto profesional, la reserva de la historia clínica y las normas de protección de datos personales de la paciente. De Brum concluyó manifestando que la transparencia institucional debe prevalecer en todo momento, recordando que detrás del trámite parlamentario reside el derecho esencial e inalienable de una familia a conocer la verdad sobre la pérdida de su ser querido.