Por José Luis Toriani
En el diálogo mantenido por CAMBIO con el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, el legislador destacó la planificación presupuestal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para el actual período de gobierno, que contempla una importante inversión en infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de la red pública de salud.
REMODELACIÓN INTEGRAL
Uno de los proyectos prioritarios será el Hospital Regional de Salto, donde ASSE ejecutará una remodelación integral que incluirá la redistribución y modernización de los Centros de Tratamiento Intensivo (CTI) de adultos y de niños, además de la remodelación del área de Emergencia. Las obras buscan adecuar la infraestructura a las necesidades asistenciales actuales y mejorar la capacidad de respuesta del principal centro de referencia del norte del país. La inversión prevista para el quinquenio en infraestructura sanitaria supera los 4.000 millones de pesos, según la planificación presentada por ASSE, destinándose una parte significativa de esos recursos a obras estratégicas en el interior del país, entre ellas las del Hospital Regional de Salto, considerado una de las prioridades de la administración. Estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema público de salud, reducir las inequidades territoriales y mejorar el acceso de la población a servicios de mayor complejidad, especialmente en el interior del país.
REGULACIÓN DE SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS
En otro orden, defendió la necesidad de avanzar en una regulación de los seguros médicos privados con el objetivo de fortalecer la equidad dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y evitar que existan diferencias en las reglas de funcionamiento entre los distintos prestadores. Se promueve un proyecto de ley que plantea dos cambios centrales: impedir que los seguros privados rechacen afiliados por enfermedades o patologías preexistentes y aumentar el aporte que estas instituciones realizan al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Según Preve, los seguros privados reciben recursos públicos a través del Fonasa, por lo que deben cumplir las mismas exigencias sanitarias y de acceso que el resto de los prestadores. Asimismo, sostiene que la iniciativa busca evitar el lucro con fondos públicos sin que ello implique un aumento en las cuotas que pagan los usuarios. La propuesta también apunta a garantizar que el derecho a la salud prevalezca sobre criterios exclusivamente comerciales.
