La sede judicial consideró «excesiva» la pretensión inicial de 1,3 millones de pesos y fijó el pago en aproximadamente $146.000 más IVA por un proceso de dos años, de los que se debe descontar lo ya adelantado. La Justicia resolvió un litigio por cobro de honorarios profesionales entre un abogado (ex presidente de la Asociación de abogados de Salto) y su ex cliente, un funcionario público, desestimando de manera drástica las pretensiones económicas iniciales del profesional del derecho, según reveló una investigación periodística de Diario La Prensa.
EL CONFLICTO
El conflicto se originó cuando el profesional presentó una demanda de regulación de honorarios tras haber representado al funcionario en un proceso de aproximadamente dos años. En su escrito, solicitó una suma calculada en Unidades Reajustables (UR) que, al valor vigente, superaba los 1,3 millones de pesos uruguayos (más IVA), argumentando que realizó diversas gestiones favorables que justificaban dicho monto. Por su parte, el ex cliente rechazó la cifra por considerarla desproporcionada. Señaló que ya había efectuado pagos a cuenta que debían ser descontados y sostuvo que las gestiones mencionadas no justificaban una remuneración de tal magnitud ni le eran atribuibles de forma exclusiva al demandante.
EL CRITERIO DEL TRIBUNAL: REDUCCIÓN DRÁSTICA
Al examinar el tema -y a la luz de las pruebas- la sede judicial concluyó que el caso carecía de complejidad jurídica relevante y que la labor prestada no requirió un esfuerzo técnico extraordinario. Además, valoró que la suma solicitada resultaba desproporcionada para el contexto del ejercicio profesional en el interior del país. En consecuencia, el tribunal hizo lugar solo parcialmente a la demanda y fijó los honorarios en una suma equivalente a 146.000 pesos uruguayos más IVA. De este monto se deducirán los pagos previos realizados por el ex cliente y se aplicarán los intereses legales sobre el saldo resultante. Aunque el fallo recortó casi en un 90% la pretensión original del profesional, el caso aún no está cerrado, ya que ambas partes disponen de los plazos legales correspondientes para presentar recursos de apelación. El reclamo resulta llamativo y claramente abusivo, por tratarse de un profesional en ejercicio del derecho, formulando un reclamo 10 veces mayor al que finalmente determinó la Justicia.
