La Justicia condenó por responsabilidad penal empresarial a tres ciudadanos chinos que se desempeñaban como gerentes de construcción y jefe de obra de una empresa contratista de China, a la que se encomendó el diseño, la construcción y el mantenimiento de 365 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en los departamentos de Tacuarembó y Salto. Unos 700 trabajadores formaban parte de la plantilla de la empresa, donde más de 500 eran chinos y ecuatorianos. A lo largo del trazado, se establecieron diferentes frentes de trabajo y varios obradores en Paysandú, Salto y Tacuarembó, donde se alojaron a los empleados, en algunos con más de 260 personas.
CLAUSURAS Y MULTAS
Desde que se inició la obra, la Inspección General del Trabajo dispuso 21 clausuras preventivas, tanto en obradores como en frentes de obra, y aplicó varias multas por reiterados incumplimientos de la empresa. En las inspecciones, se detectaron irregularidades en los alojamientos que atentaban contra la salud y la dignidad de los trabajadores, según la Fiscalía.
DENUNCIAS
El Sindicato de la Construcción (Sunca) había denunciado esta situación, así como una serie de accidentes laborales y vehiculares, ante la Fiscalía, que investigó el caso. La indagatoria determinó que los ahora condenados «ejercían el poder de dirección en dichos sitios, siendo los responsables en materia de seguridad, higiene y condiciones ambientales de trabajo». La ley de responsabilidad penal empresarial establece que «el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión».
