Por la Dra. Alejandra Altamiranda
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La reciente aprobación de las leyes 20.352 y 20.380 marca un punto de inflexión en la regulación del alojamiento turístico en Uruguay. Ambas normas, en vigor desde septiembre de 2024, buscan ordenar un sector en plena expansión y equiparar las condiciones entre los alojamientos tradicionales y los alquileres de corta duración ofrecidos a través de plataformas digitales.
La Ley 20.352 define un nuevo marco general para el hospedaje transitorio, incluyendo servicios como limpieza, atención al visitante, gastronomía y transporte. Su eje central es la creación de un registro obligatorio para propietarios y administradores, quienes deberán inscribirse como Operadores Turísticos, mantener información actualizada y someterse a inspecciones. También deberán reportar datos al Ministerio de Turismo y al Ministerio del Interior sobre los huéspedes que reciben.
El Poder Ejecutivo prepara ahora el decreto reglamentario, clave para aterrizar cómo se implementará este nuevo sistema de supervisión y control.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto en los alquileres gestionados mediante plataformas como Airbnb o Booking. Los administradores deberán cumplir con los requisitos de registro y transparencia, alineándose con estándares más estrictos en materia de seguridad y calidad. Esto podría derivar en mayores costos operativos y, eventualmente, en un incremento en el precio final de los alquileres.
A su vez, el nuevo esquema busca equilibrar la competencia: todos los actores, desde hoteles hasta viviendas turísticas, deberán ceñirse a las mismas reglas. La fiscalización también se verá reforzada, lo que probablemente incremente la formalización y la recaudación impositiva.
Tras un trabajo coordinado entre el Ministerio de Turismo y actores del sector, se avanzó en un decreto de implementación gradual. Este prevé comenzar por ordenar la información básica de las viviendas turísticas y, posteriormente, verificar el cumplimiento de las obligaciones. El registro será obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas y cada alojamiento tendrá un número identificatorio visible para el turista.
Las plataformas digitales también deberán registrarse y solo podrán publicar propiedades que cuenten con número habilitado, con un plazo de 180 días para adecuarse al nuevo marco.
Con estas reformas Uruguay apuesta a profesionalizar el sector y fortalecer la confianza en un mercado que ya forma parte esencial de su oferta turística.
Jueves 27 de Noviembre, 2025 149 vistas