Por Andrés Torterola
Voceros de la Comisión de Organización de los 291 funcionarios municipales cesados, junto a trabajadores de la Comisión de Finanzas, informaron a CAMBIO que continúan realizando gestiones para que la mayor cantidad posible de afectados pueda iniciar el juicio y presentar el reclamo correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como respuesta al despido masivo del que fueron objeto.
ARGUMENTOS
El plazo para que la administración municipal responda a las reivindicaciones de los trabajadores vence el 2 de marzo. Los funcionarios cesados calificaron la decisión como un acto injustificado, arbitrario e ilegal, dispuesto por la administración de Carlos Albisu. Señalaron que este atropello no solo vulnera derechos individuales adquiridos, sino que también hiere principios democráticos y desconoce la ley de negociación colectiva, normativa que —recordaron— debe ejercerse de buena fe para asegurar más derechos, garantías y dignidad para quienes cumplen tareas en el sector público.
INCERTIDUMBRE
Asimismo, subrayaron que esta medida repercute de forma directa en cientos de familias salteñas, profundizando la compleja situación de desempleo que atraviesa el departamento y generando un impacto negativo en el comercio local, ya golpeado por la caída del consumo. Explicaron que detrás de cada trabajador cesado hay una realidad familiar que se ve alterada, con incertidumbre económica y emocional, y remarcaron que el deber de toda administración pública es proteger la estabilidad y el bienestar de su gente, no agravar su vulnerabilidad.
LA LEY POR ENCIMA DE LA POLÍTICA
Los voceros sostuvieron que no pueden permitir que las diferencias políticas se transformen en un instrumento para atropellar derechos fundamentales. “Hay una línea clara donde la ley vale más que la política, y ese es el camino que estamos recorriendo”, afirmaron. Por esa razón, hicieron un llamado a toda la población salteña para acompañar esta causa, a la que definieron como una lucha legítima en defensa de la democracia, la dignidad laboral y los derechos de quienes dedicaron años de trabajo al servicio de la comunidad.
TRASCIENDE LO INDIVIDUAL
Reafirmaron además que esta lucha no es únicamente por los 291 trabajadores cesados, sino por la dignidad de todos los trabajadores, por la plena vigencia de los convenios colectivos y por el respeto a las garantías que debe asegurar la justicia. Los dirigentes señalaron que este reclamo trasciende lo individual y se convierte en una causa que involucra a toda la sociedad, porque cuando se vulneran derechos laborales fundamentales, se afecta el tejido democrático y social.
