La Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad, durante su trigésima primera sesión ordinaria, un decreto que autoriza a la Intendencia a entregar los vehículos incautados bajo custodia desde el 1 de enero de 2023 sin exigir el pago previo de multas, recargos ni costos de depósito. La normativa busca ofrecer una solución económica a los trabajadores salteños y descomprimir los depósitos municipales, donde se acumulan cerca de 16.000 unidades.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El decreto establece que los propietarios dispondrán de un plazo de 15 días para retirar sus vehículos, previa inspección técnica y cumplimiento de las exigencias de seguridad vial. La resolución aclara en su artículo 10 que las deudas no se condonan, sino que permanecen registradas para su cobro administrativo a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE). Además, quienes hayan cometido infracciones graves —como correr picadas, manejar alcoholizados o circular sin casco— deberán asistir obligatoriamente a charlas de seguridad vial antes de recuperar el rodado. En caso de que los vehículos o camionetas no sean reclamados tras las notificaciones pertinentes, la Intendencia quedará facultada para cederlos a organizaciones sociales, policlínicas o centros de atención a personas con discapacidad.
DEBATE POLÍTICO EN SALA
Aunque el proyecto recibió el voto afirmativo de los 26 ediles presentes, su tratamiento generó cruces entre el oficialismo y la oposición. El edil frenteamplista Omar Pierlet acompañó la medida, pero sostuvo que se trata de una copia de una iniciativa de retroactividad que él había presentado anteriormente y que fue descartada en su momento, cuestionando además los costos de taller que deberán afrontar los dueños. Desde la coalición de gobierno, los ediles Cristian Suárez y Carlos Rey defendieron el decreto como el cumplimiento de una promesa de campaña para resolver una acumulación de chatarra arrastrada durante diez años. Por su parte, la edila opositora Lucía Minutti respaldó el texto apelando a la racionalidad, señalando que el esquema vigente de recargos resultaba impagable.
EN CONDICONES
Una vez aprobado y publicado oficialmente el decreto en los diarios locales, comenzará a correr un plazo de 60 días para que los interesados concurran a la Intendencia a retirar sus vehículos. El procedimiento comprende los incautados entre el 1.º de enero de 2023 y la actualidad. Para acreditar la titularidad deberán presentar la documentación correspondiente: título de propiedad, sentencia de prescripción, documentación notarial, compromiso de compraventa o testimonio, entre otros elementos que permitan demostrar fehacientemente la legitimación. El vehículo deberá encontrarse en condiciones de circular. Si no reúne las condiciones mínimas de seguridad, su retiro deberá realizarse mediante un servicio de grúa.