Las leyes de empleo. Pescar en la pecera

Por el Dr. César Signorelli
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La Dirección Nacional de Empleo viene trabajando en una alternativa que supere lo que han sido los esfuerzos normativos que buscan solucionar los problemas de empleabilidad de las personas con dificultades, tanto para la inserción como la reinserción en el mercado laboral. 
Las experiencias anteriores, que pasaron de estímulos de beneficios fiscales a la transferencia de directa de dinero para emplear a ciertos grupos que se identifican como particularmente vulnerables, fundamentalmente por cuestiones etarias, de género y territoriales, fracasaron.
En estos grupos se encuentran las personas más jóvenes, sobre todo con ese primer y más difícil escalón, que es la primera experiencia laboral. Y más difícil aún, es hacer que ese vínculo se transforme en duradero y definitivamente formal. 
A junio de este año, el 40% de los jóvenes que transitaron su primera experiencia laboral bajo esta ley en el sector privado, no realizaron aportes a la seguridad social.
La anterior administración tenía la expectativa de generar 8.000 puestos de trabajo por año, pero únicamente se alcanzaron 4.000. 
Tampoco se vieron los resultados que se esperaban a través de los incentivos previstos para emplear a otros grupos de población, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad y solamente 29 de ellas ingresaron al mercado de trabajo.
El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Empleo expresamente ha expresado que “el objetivo es construir una ley que promueva el empleo digno, decente e inclusivo, con especial foco en los colectivos vulnerados y con mayores dificultades de empleo y formalización”.
Ya en otras ocasiones hemos expresado que estas soluciones preformateadas de estímulos fiscales, para que las empresas que necesitan contratar mano de obra acudan a integrantes de estos colectivos (jóvenes, personas con discapacidad, etc) no dieron, ni van a dar resultados.
Podrá advertir el lector que como toda política activa de empleo, lo que se busca es diseñar estímulos, en el caso dirigidos a las empresas, que serían las que obtendrían beneficios fiscales.
Esta es una visión completamente parcial del problema y por lo tanto equivocada, pues el mercado de trabajo demanda más mano de obra calificada que barata (en el caso, por la vía de los beneficios fiscales).
Y en segundo lugar un aspecto que no se suele mencionar. Que para calificar para estos programas, las empresas deben proporcionar información al Estado que muchas veces, lamentablemente, es utilizada por otra dependencia para disponer inspecciones y demás. En este caso incluso en el mismo Ministerio. 
Como dicen muchos empresarios, eso es pescar en la pecera, lo que genera una natural reacción negativa y de evitar transitar por estos mecanismos.