Un escenario de absoluta sorpresa e indignación se vivió en la Escuela Técnica (UTU) de Pueblo Belén, cuando un despliegue de la Policía de la octava sección, en conjunto con personal de Tránsito, irrumpió en el entorno del centro educativo para llevar a cabo una masiva incautación de motocicletas pertenecientes tanto a estudiantes como a profesores de la institución.
OPERATIVO
El operativo, que estuvo bajo el mando directo del encargado de la Seccional Octava, alteró por completo la jornada académica. Al percatarse de lo que sucedía en los exteriores, el alumnado abandonó las aulas en plena clase para observar con frustración y desazón cómo sus propios vehículos eran cargados en los móviles policiales. La irrupción de las fuerzas de seguridad provocó un clima de tensión que paralizó la actividad educativa durante varios minutos, demorándose bastante tiempo en restablecer la normalidad en las aulas. Este procedimiento ha encendido las alarmas y abierto un profundo debate sobre los límites de la intervención estatal en los entornos educativos. Mientras que las autoridades locales justifican las acciones bajo el marco de los controles de tránsito de rutina, la comunidad educativa y diversos actores sociales han manifestado un enérgico rechazo a la modalidad empleada.
REGULARIZACIÓN
Se argumenta que el centro educativo debe consolidarse como un espacio de confianza, aprendizaje y seguridad comunitaria, y no transformarse en un punto de control policial que siembre miedo, desconfianza o estigmatización entre los jóvenes. El hecho de que la primera respuesta del Estado ante posibles irregularidades vehiculares sea el decomiso directo, en lugar de apostar por campañas de orientación, planes de regularización accesibles o la mejora de los sistemas de movilidad estudiantil, evidencia una visión punitiva y reduccionista de la seguridad pública que termina vulnerando el tejido social de la localidad.
