Salto en la encrucijada: inseguridad, decisiones políticas y promesas de cambio

Por Pablo Vela
La ciudad y el departamento donde vivimos, crecimos, enviamos a nuestros hijos a la escuela, abrimos nuestros comercios con la ilusión de estar seguros ha perdido en los últimos años esa particularidad valiosísima; la inseguridad (real y percibida) ha ganado presencia en la cotidianidad salteña. Los vecinos hablan de rapiñas, hurtos y presencia de narcotráfico en barrios del sur, del extremo este u otros sectores urbanos, una problemática que ha motivado mega operativos policiales con múltiples detenidos y allanamientos, además de incautaciones de drogas y armas por parte de la Policía de Salto y fuerzas complementarias.
Aun así, en la opinión de muchos vecinos, la sensación persistente es que los delitos de calle, los contrabandistas que intentan ingresar mercadería por el río, los hurtos a viviendas y el microtráfico no terminan de ceder, y que cada reacción del Estado llega después de que el problema ya se ha instalado en la percepción pública.
Es en este contexto que la Lista 9007, con figuras como el senador Gustavo Zubía, propone un enfoque de seguridad que apela en gran medida a la firmeza y al “endurecimiento” de las respuestas del Estado. Zubía (exfiscal y referente del espacio dentro del Partido Colorado y la coalición nacional) no solo ha marcado una postura crítica hacia la gestión de seguridad vigente, sino que ha defendido el respaldo a las fuerzas policiales, el enfrentamiento decidido al crimen organizado y reformas legales que permitan una actuación más contundente.
En discursos y entrevistas, Zubía ha señalado que la policía está “atrapada por marcos normativos que la inmovilizan”, que el país se encuentra en un “momento rojo” en materia de delincuencia y que no se puede seguir con diagnósticos retóricos que no atienden la urgencia de la situación. En ese sentido, su propuesta parlamentaria busca revisar normas procesales, respaldar la declaración de emergencia en seguridad y apuntalar herramientas legales que, en su visión, restan eficacia al combate del delito.
Para muchos salteños esa firmeza resulta atractiva: lo que se quiere es menos discursos y más resultados concretos, acciones que se traduzcan en calles más tranquilas, menos bocas de venta de drogas operando y mayor rapidez en la respuesta policial. 
La urgencia de Salto exige medidas inmediatas, sí, pero también un análisis que no se reduzca a la lógica de “mano dura” sin atender a las causas subyacentes del delito. Las propuestas de Zubía y la 9007 traen un enfoque claro: no minimizar la problemática ni distraer recursos en planes de largo plazo sin respuestas visibles. Sin embargo, ese mismo enfoque corre el riesgo de ignorar la necesidad de políticas integrales que integren educación, empleo juvenil, fortalecimiento comunitario y coordinación entre los actores sociales y el sistema de justicia.
Salto merece, sin lugar a dudas, una política de seguridad que combine eficacia operativa con prevención y equidad social. El desafío para la Lista 9007, para Zubía y para todos los actores políticos no está solo en prometer contundencia, sino en ofrecer propuestas realistas, sustentadas en la evidencia local y articuladas con las necesidades concretas de los salteños. En otras palabras: no basta con decir que se quiere más seguridad; hace falta un plan que realmente reduzca el miedo en las calles, recupere la confianza en las instituciones y construya una Salto en la que los padres puedan volver a sentir que sus hijos crecen sin miedo.