El Sindicato Único de Policías del Uruguay, representado por su presidente Ricardo González, ha puesto en marcha un intenso plan de gestiones institucionales enfocado en transformar la realidad laboral y la contención integral del personal policial en todo el país. Las reuniones celebradas con diversas bancadas del Parlamento y con el ministro del Interior, Carlos Negro, buscan materializar avances concretos que redunden directamente en la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.
PROPUESTAS CONCRETAS
La plataforma presentada reúne once puntos prioritarios entre los cuales destaca la postura frente a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Si bien la agremiación coincide con la imperiosa necesidad de descentralizar dicho organismo, ha marcado matices sobre los mecanismos aplicados hasta el momento. A su vez, el gremio solicita una partida de alimentación mensual de tres mil pesos destinada al personal asignado a las seccionales rurales de todo el país. Esta compensación beneficiaría a unos cuatrocientos funcionarios por turno, quienes desempeñan tareas en condiciones de alto aislamiento operativo.
MOVILIDAD Y PROTECCIÓN
En cuanto a la logística operativa, se solicitó la incorporación de un servicio de transporte en ómnibus para los efectivos de la Guardia Republicana destinados en el norte del país. Las extensas distancias y la falta de líneas directas hacia la capital generan importantes demoras en los traslados y afectan el descanso del personal. Asimismo, el sindicato promueve la aprobación de la denominada ley del herido, un marco normativo diseñado para brindar protección legal, económica y médica integral al policía sufriente de lesiones en acto de servicio. Esta iniciativa busca evitar que las familias queden desamparadas durante el período de recuperación en el cual los funcionarios no pueden realizar servicios extraordinarios ni horas de retribución por 222.
SALUD MENTAL
El faltante de personal en el interior de la República constituye otra de las preocupaciones elevadas a las autoridades ministeriales. La falta de recursos humanos resiente la labor preventiva y sobrecarga al personal en actividad.
