El Servicio Especializado de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género de Salto permanece suspendido desde hace dos semanas, luego de que los técnicos que integran el equipo resolvieran interrumpir sus actividades ante la falta de pago de sus salarios correspondientes al mes de julio. La situación fue denunciada públicamente por el núcleo del servicio, nucleado en SUTIGA que cuestionó que quienes tienen a su cargo una tarea considerada fundamental dentro de las políticas de protección y atención a situaciones de violencia de género deban desarrollar su trabajo en un contexto de incertidumbre respecto al cobro de sus haberes.
SALARIOS ADEUDADOS
De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, al momento de adoptar la medida los trabajadores y trabajadoras aún no habían percibido los salarios correspondientes al mes de julio. Desde el equipo sostienen que resulta "inadmisible" que quienes diariamente sostienen esta política pública tengan que trabajar sin recibir sus salarios en tiempo y forma. El planteo apunta directamente a las condiciones laborales de los equipos que desarrollan tareas de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género. "No se puede sostener una política de protección sobre la incertidumbre ni la falta de pago de quienes la implementamos". Para quienes integran el servicio, la atención de situaciones de violencia basada en género requiere equipos estables, continuidad en las intervenciones y condiciones laborales dignas. La falta de pago, sostienen, introduce un elemento de precarización que termina afectando tanto a los trabajadores como a las personas que necesitan la asistencia. La medida implica la interrupción de un servicio especializado destinado a atender a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, así como a varones que ejercen violencia, con el objetivo de prevenir nuevos episodios y contribuir a la protección de la vida y los derechos de las mujeres.
AFECTACION DE INTERVENCIONES
El equipo reconoce que la suspensión de actividades tiene consecuencias directas sobre los procesos de intervención que se encuentran en curso. Sin embargo, argumenta que la responsabilidad de garantizar la continuidad de una política pública de estas características corresponde al Estado y que esa responsabilidad no puede trasladarse a los trabajadores mediante la vulneración de sus derechos laborales. La interrupción del servicio genera preocupación especialmente por tratarse de una herramienta de atención especializada para situaciones que, en muchos casos, requieren seguimiento, acompañamiento y continuidad.
TRASCIENDE LO ECONÓMICO
Desde el sindicato remarcan que el reclamo "va más allá de lo económico", ya que consideran que está en discusión la forma en que se sostienen las políticas sociales y las condiciones de quienes trabajan para hacerlas efectivas. SUTIGA reclama que se protejan los derechos de todas las personas que trabajan en los proyectos y servicios que sostienen cotidianamente las políticas sociales del país. En ese sentido, exige que se concrete el pago de todas las partidas económicas adeudadas hasta la fecha."Las políticas sociales no se sostienen únicamente desde los discursos: se sostienen garantizando los recursos necesarios y respetando los derechos de quienes las hacen posibles".