Una profunda tensión y un clima de angustia extrema se viven por estas horas en el barrio La Amarilla de Salto, específicamente sobre la calle Rambla Ceibal. Cinco familias que construyeron sus hogares en un predio municipal denuncian públicamente que el área de Vivienda de la Intendencia de Salto pretende desalojarlos y demoler sus estructuras para trasladarlos a soluciones habitacionales que califican como chicas y precarias. El conflicto adquiere una complejidad mayor debido a que los afectados cuentan con permisos oficiales otorgados durante la gestión del intendente Andrés Lima.
SACRIFICIO DE LOS VECINOS
La historia se remonta a cinco años atrás, cuando el terreno en cuestión era un depósito de basura. En ese entonces, el intendente Andrés Lima les cedió el espacio mediante la figura de comodato, otorgándoles los permisos legales correspondientes para edificar y salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. A partir de ese momento, los beneficiarios comenzaron un proceso de urbanización con recursos propios. Uno de los damnificados relató que, a base de un trabajo arduo y un enorme sacrificio familiar, logró levantar una vivienda sólida en la que invirtió más de 40 mil dólares. A pesar de que las autoridades actuales argumentaron inicialmente que la zona carecía de infraestructura, los residentes demostraron que el barrio cuenta hoy con todos los servicios esenciales al día, incluyendo alumbrado público, agua potable de OSE, energía eléctrica de UTE y sistema de saneamiento. Los vecinos aseguran tener toda la documentación firmada que avala su permanencia legítima en el lugar.
EL IMPACTO DEL REALOJO
La notificación del realojo, que los vecinos recibieron de manera informal a través de internet hace aproximadamente un mes, cayó como un balde de agua fría. La principal preocupación de las familias radica en las características de las viviendas que ofrece la comuna, las cuales no se adaptan a la realidad de los núcleos familiares. Uno de los voceros afectados detalló que en su hogar viven seis personas: él, su esposa, tres hijos menores de edad y un sobrino, a lo que se suma un bebé que viene en camino. Las dimensiones de las nuevas casas estatales provocarían un hacinamiento crítico. Además del problema habitacional, existe un drama económico inminente. El sustento de esta familia depende de un almacén instalado en la propiedad actual. Las normativas del realojo promovido por la oficina de Vivienda prohíben el traslado o la apertura de comercios en los nuevos predios. El comerciante advirtió que la mudanza forzada significaría la pérdida total de sus ingresos, hundiéndolos directamente en la pobreza.
LA RESPUESTA OFICIAL
Ante la falta de visitas previas por parte de los asistentes sociales o de la dirección del área de Vivienda, liderada por la jerarca de apellido Almirón, los afectados decidieron buscar respuestas por su cuenta. En un encuentro marcado por la desesperación, una de las autoridades municipales planteó un ultimátum drástico a los vecinos: aceptar las soluciones habitacionales ofrecidas por la comuna o enfrentar la demolición inmediata de las propiedades que construyeron con sus ahorros.
