El debate parlamentario en torno a la Rendición de Cuentas sumó un nuevo foco de tensión tras las declaraciones del diputado salteño, el doctor Horacio de Brum. El legislador cuestionó con dureza las estimaciones de ingresos presentadas por el Poder Ejecutivo respecto a la aplicación del Impuesto Específico Interno, conocido como IMESI, a los vehículos eléctricos. Mientras que las autoridades proyectan una recaudación de 15 millones de dólares por este concepto, un análisis detallado del comportamiento del mercado automotor revela una distancia sideral con la meta oficial, lo que encendió las alarmas en la oposición por la sustentabilidad del gasto público previsto.
NÚMEROS QUE
NO CIERRAN
La advertencia de de Brum se fundamenta en los datos de comercialización correspondientes al cierre del año 2025, período en el cual se vendieron un total de 14.442 vehículos eléctricos en el país. El problema central radica en que la estructura del nuevo gravamen contempla umbrales de exoneración que dejan afuera a la gran mayoría de las unidades que efectivamente se compran en Uruguay. Al realizar el desglose técnico modelo por modelo, los diez vehículos más vendidos, que concentran casi el 74 por ciento de la cuota total del mercado, apenas generarían una recaudación estimada en 1,3 millones de dólares debido a que sus valores se posicionan por debajo del límite fijado para comenzar a pagar el impuesto.
LA ILUSIÓN DE LOS QUINCE MILLONES
Si se proyecta ese mismo patrón de comportamiento al resto de las marcas y modelos disponibles en el territorio nacional, la recaudación total efectiva alcanzaría los 1,8 millones de dólares. Esta cifra representa apenas el 11,8 por ciento de lo presupuestado por el Gobierno. Para que las arcas públicas logren percibir los 15 millones de dólares anunciados bajo el esquema impositivo vigente, el mercado uruguayo tendría que registrar la venta de más de 122.000 automóviles eléctricos en un solo año, un escenario completamente alejado de la escala y la tendencia actual del parque automotor local.
EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA
El representante por Salto enfatizó que esta diferencia de más de 13 millones de dólares no constituye un simple desajuste técnico o un error de cálculo menor, sino una debilidad macroeconómica severa. De Brum remarcó la irresponsabilidad que implica financiar gastos de carácter permanente sobre la base de proyecciones que carecen de sustento real. En este sentido, el legislador anunció de forma oficial que promoverá un pedido de explicaciones formal para que el Ministerio de Economía y Finanzas comparezca ante el Parlamento y detalle cuáles fueron los supuestos y las variables consideradas para sostener una estimación que hoy aparece visiblemente inflada.
