El representante, Horacio de Brum, elevó en la jornada de ayer lunes 16 un formal pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La iniciativa parlamentaria surge tras conocerse el fallecimiento de Rosa Nahir Sisti Levaggi, de 73 años, ocurrido poco tiempo después de su ingreso al Hospital de Salto, un episodio que ha vuelto a encender las alarmas sobre el funcionamiento y la gestión del principal centro asistencial público del departamento. De acuerdo con la información recabada en el documento presentado ante el presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Rodrigo Goñi, el caso tomó estado público inicialmente a través de los medios locales.
RECLAMOS DE LA FAMILIA
Más allá del dolor por la pérdida, el entorno de la paciente denunció públicamente una serie de irregularidades en el trato y la comunicación institucional. Los familiares señalaron que no recibieron explicaciones claras ni suficientes sobre las causas médicas del fallecimiento. A esta incertidumbre se sumaron serias dificultades administrativas y demoras para obtener el certificado de defunción, un documento indispensable para poder proceder a la sepultura. Ante este panorama, el diputado de Brum fue enfático al cuestionar la reiteración de episodios críticos en el centro de salud. El legislador sostuvo que la sociedad no puede naturalizar que los ciudadanos deban acudir a la exposición pública para obtener respuestas básicas de las autoridades sanitarias, advirtiendo que en el Hospital de Salto están ocurriendo demasiadas situaciones graves como para seguir mirando hacia otro lado.
EXIGENCIA DE DETALLES CLÍNICOS
En el plano estrictamente médico, de Brum solicita conocer la fecha y hora exacta de ingreso, el diagnóstico presuntivo, los servicios que intervinieron, los estudios realizados, los medicamentos suministrados con sus respectivos horarios y las circunstancias clínicas inmediatamente anteriores al fallecimiento. Asimismo, el pedido de informes pone especial énfasis en el esclarecimiento de las trabas burocráticas posteriores al deceso. El legislador exige saber si se determinó la causa de muerte, qué profesional o autoridad intervino en la expedición o retención del certificado de defunción, y cuáles fueron las razones médicas, administrativas o legales que impidieron su entrega oportuna.