Por Andrés Torterola.
En la última sesión de la Junta Departamental, el edil de la Coalición Republicana, Ramón Rosconi, expuso una situación que, según afirmó, podría estar afectando también a numerosos ciudadanos de Salto. Durante su intervención, señaló que siempre resulta difícil generalizar un caso particular, pero consideró necesario compartir su experiencia personal porque entiende que otras personas podrían estar atravesando algo similar.
Rosconi relató que, en el mes de setiembre de este año, inició un trámite en la mesa de entrada de la Intendencia de Salto. Pocos días después recibió una notificación en la que se le informaba que mantenía una deuda correspondiente a la patente atrasada de una motocicleta de su propiedad. El edil aclaró que la notificación en sí no fue el inconveniente; el problema surgió cuando, al presentarse con el documento recibido, constató que la información era incorrecta. Explicó que la patente había sido abonada al contado en el mes de enero, y que contaba con el comprobante que así lo acreditaba.
Según expresó, esta situación le generó preocupación no solo por el error en su caso particular, sino por la posibilidad de que existan otros contribuyentes enfrentándose a dificultades similares, lo que podría derivar en trámites innecesarios, demoras y molestias para la población. Por ello, consideró oportuno poner el tema sobre la mesa y solicitar que se revisen los mecanismos administrativos a fin de evitar futuros inconvenientes.
NEGLIGENCIA AJENA
Rosconi explicó que, pocos días después, recibió una nueva notificación indicando que no podía avanzar en su gestión debido a una deuda vinculada a otra motocicleta. Aclaró que no se trataba del vehículo mencionado anteriormente, sino de un birrodado al que en 2008 le había dado de baja por desuso, entregando la chapa correspondiente en la Intendencia, hecho que —según dijo— quedó debidamente comprobado. Para el edil, este episodio evidencia una cadena de negligencias administrativas, ya que los contribuyentes dependen de que los funcionarios cumplan correctamente con los procedimientos para evitar errores que generan perjuicios.
A raíz de esta supuesta deuda, Rosconi no pudo continuar con el trámite que estaba realizando. Si bien manifestó que no desea atribuir intencionalidad política a la situación que enfrenta, sostuvo que el problema todavía no está resuelto. Señaló además que, en el intercambio con los funcionarios, algunos lo atendieron con mucha amabilidad y otros no tanto, pero todos le explicaron que actúan de acuerdo con las órdenes que reciben.
El caso fue derivado al Congreso Nacional de Intendentes, ya que interviene el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE). El edil comentó que, en reiteradas ocasiones, se ha comunicado con el Congreso para solicitar que se agilice un trámite en el que, según él, se ha convertido en rehén de la negligencia ajena.
¿Cuántos contribuyentes estarán en la misma situación sin enterarse? Se preguntó el edil.
