Cuando una persona cumple su pena en prisión y recupera la libertad, el momento en que cruza la puerta del penal es determinante. Hoy en día, la mayoría egresa directamente en la puerta del establecimiento, sin importar de qué departamento o ciudad provenga ni si tiene dinero para regresar a su hogar. Un nuevo proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados busca cambiar esta realidad. La iniciativa propone que toda persona liberada sea trasladada y puesta en libertad en la ciudad correspondiente a su último domicilio conocido.
DETALLES
Si no se puede verificar esa dirección, se tomará como referencia el lugar donde esté inscripto en la credencial cívica. Para cumplirlo, la autoridad penitenciaria deberá coordinar la logística y gestionar los traslados, aunque existen excepciones. El liberado podrá pedir por escrito ser llevado a otra ciudad, o la Justicia podrá impedirlo si existen medidas cautelares o restricciones de seguridad que prohíban su regreso a ese lugar. El objetivo principal es evitar que las personas queden en situación de desamparo o en calle apenas salen de la cárcel. El sistema registra unos 886 egresos mensuales, y casi tres de cada diez liberados no tienen un domicilio fijo o verificable. Además, seadvirtió que usar la credencial cívica como referencia es inviable, ya que más del ochenta por ciento de los reclusos ni siquiera tiene su cédula al día. Para evitar un costo millonario mensual en traslados policiales, el INR propuso sustituir los patrulleros por un sistema de vouchers y pasajes de ómnibus en convenio con las intendencias.