En un esfuerzo por frenar el avance de prácticas ilegales que golpean la economía y la salud pública, el Centro Comercial e Industrial de Salto se convirtió en el epicentro del seminario regional «Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias». El evento, de carácter presencial, reunió a una coalición multisectorial conformada por fiscales, fuerzas de seguridad y especialistas en propiedad intelectual para abordar una problemática que, según advirtieron, ha dejado de ser exclusiva de las ferias informales para infiltrarse en los canales de venta más tradicionales.
PUNTO ESTRATÉGICO
La jornada destacó a Salto como un punto estratégico clave debido a su ubicación geográfica. La coordinación entre la Aduana, la Prefectura y las fuerzas policiales resulta vital para el control de una frontera con Argentina que presenta desafíos constantes en materia de contrabando. Sin embargo, el debate principal giró en torno a una realidad inquietante: la piratería ya no solo afecta a la moda o el calzado, sino que ha mutado hacia sectores críticos para la vida humana.
DE LA INDUMENTARIA A LA SALUD
Durante las ponencias, los especialistas hicieron hincapié en que la falsificación ha evolucionado hacia productos de alto riesgo como medicamentos, cosméticos y alimentos. Estos artículos, que entran en contacto directo con el consumidor, carecen de cualquier garantía de seguridad o calidad. «La empresa titular de la marca no puede responsabilizarse si un producto falsificado causa daños, y estos daños pueden ser graves cuando hablamos de salud pública», señalaron los expertos. A este peligro físico se suma la vulnerabilidad en el entorno digital. Con la colaboración de la Unidad de Cibercrimen, se alertó sobre cómo las ventas a través de internet y redes sociales son hoy el principal desafío. Los sitios no seguros no solo distribuyen mercadería apócrifa, sino que sirven como fachada para estafas bancarias, robos de datos y engaños donde el producto recibido no guarda relación alguna con la imagen publicitada.
DESAFÍO DE LA «ACEPTACIÓN SOCIAL»
Uno de los puntos más críticos abordados fue la percepción pública. La piratería es, frecuentemente, un «delito socialmente aceptado». Los especialistas lamentaron que el consumidor promedio no siempre dimensione la magnitud del daño que esta actividad provoca, no solo a las marcas que ven vulnerados sus derechos, sino a la cadena de valor formal. En este sentido, se planteó un cambio de paradigma en la persecución del delito: la responsabilidad de la cadena formal. Se informó que se han detectado productos falsificados en locales establecidos, shoppings y supermercados. «Vender un producto falso en un shopping es tan grave como comercializar sustancias ilícitas», se enfatizó durante el seminario. El objetivo es involucrar a todos los actores para que comprendan que la complicidad, por acción u omisión, es parte del engranaje delictivo.
