Por Carlos Arredondo.
El grupo Reencuentro, que nuclea a familiares y allegados de personas privadas de libertad, denunció el fallecimiento de un recluso en el Penal de Libertad y reclamó conocer el destino de los recursos destinados al sistema penitenciario. Su vocero, Luis Mendieta, sostuvo que el interno habría fallecido como consecuencia de las bajas temperaturas y aseguró que el caso refleja las carencias que, según afirmó, persisten en distintos establecimientos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
HIPOTERMIA
En diálogo con el programa Nuevo Tiempo de Radio Salto, Mendieta indicó que el hecho ocurrió «hace 48 horas» en el segundo piso del sector B del Penal de Libertad. Según señaló, la información fue transmitida por familiares de personas privadas de libertad y las primeras versiones indicarían que el interno «no presentaba signos de violencia», por lo que atribuyó el fallecimiento a las condiciones climáticas. «Esto es un poco de lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo», expresó.
¿A DÓNDE VAN LOS RECURSOS?
El dirigente vinculó el episodio con recientes declaraciones del senador Pedro Bordaberry, quien sostuvo que el Estado destina aproximadamente 1.000 dólares mensuales por cada persona privada de libertad. A partir de esa cifra, Mendieta señaló que, considerando una población carcelaria cercana a las 17.000 personas, el presupuesto anual rondaría los 204 millones de dólares, por lo que cuestionó el destino de esos recursos. «Entonces preguntamos dónde está ese dinero, porque los privados de libertad mueren de frío, mueren de hambre; hay módulos en el Comcar y sectores en el Penal de Libertad que no tienen luz ni agua, hacen sus necesidades en una bolsa y muchas veces la alimentación o las frazadas las proporciona la propia familia», afirmó. Asimismo, señaló que incluso funcionarios penitenciarios han planteado públicamente la necesidad de mayores recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, situación que, a su juicio, resulta contradictoria frente a las cifras mencionadas.
DENUNCIA AL PARLAMENTO
Mendieta informó que la organización ya puso el caso en conocimiento de la diputada Graciela Barrera, con quien mantuvieron reuniones días atrás, junto a un asesor parlamentario y la subsecretaria del Ministerio del Interior. Agregó que el grupo continúa procurando mantener una reunión con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, instancia que, según dijo, aún no ha sido concedida. Finalmente, sostuvo que la denuncia también se fundamenta en lo establecido por la Ley Nº 14.470, haciendo especial referencia a las disposiciones relativas a la protección de la integridad física y la salud de las personas privadas de libertad.
HACINAMIENTO
El hacinamiento en las cárceles es otro de los graves problemas que tiene el sistema, ya que los espacios (pabellones) que se destinan para las personas privadas de libertad (PPL), no son adecuados y hay una saturación de personas. El aumento de la población carcelaria genera situaciones de sobrepoblación en distintas unidades penitenciarias. Ante este escenario, el gobierno anunció la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad y la ampliación de varios establecimientos mediante nuevos módulos. De acuerdo con los datos presentados por la directora de cárceles, al 6 de mayo de 2026 la población carcelaria ascendía a 16.789 personas y el 91% de los reclusos son varones.
