Por Pablo Vela
La cultura del trabajo no es solo cumplir horarios y órdenes, sino también comprometerse con el diálogo, el respeto institucional y la responsabilidad administrativa.
En Salto, esta cultura ha sido puesta a prueba por el reciente accionar de ADEOMS: el sindicato prácticamente se retiró del diálogo y existe incertidumbre ante su decisión de no presentarse a trabajar bajo una nueva normativa clara emitida por la intendencia y respaldada por un Convenio Colectivo redactado como parte entre otros por quienes hoy se sienten avasallados (administración Frente Amplio del Mtro. Ramón Fonticiella). Además claro está de ir fogoneando posibles paros y movilizaciones en contra un gobierno que no logró sentarse aún en sus escritorios, que no encuentra mobiliario, al que le desapareció acervo cultural, etc., que recién está cumpliendo su primer mes de investidura.
La Intendencia de Salto, liderada por Carlos Albisu, resolvió que la dirigencia sindical debe presentarse a trabajar y cumplir sus tareas, salvo quienes se encuentren debidamente autorizados por licencia sindical (con un tope de 400 jornales al año), tramitadas por expediente y con antelación mínima de dos días hábiles, reiteramos, amparándose en un Convenio Colectivo del año 2007 IDS/ADEOMS. Se trató de una medida que busca poner orden al ejercicio de privilegios que, según el intendente, se habían extendido últimamente: “no hay que meter a todos en la misma bolsa, porque hay gente que trabaja”, pero “hay muchos que no estaban concurriendo a trabajar” ha declarado Albisu.
Esto es parte de lo que la ciudadanía buscó cuando votó el 11 de mayo pasado: frenar el desorden, desidia y abuso a la hora de hablar de recursos humanos dentro de la IDS, algo que de la mano de Andrés Lima se transformó en moneda corriente con los recursos de los salteños.
Ese mismo día, la Intendencia directamente no se presentó a participar en una instancia de negociación tripartita convocada por el MTSS, mientras que ADEOMS sí quiso acudir, vaya a saber uno con que motivo cuando la nueva administración no tenía aún un mes de asumida y la resolución que tanto “daño” parece haber generado está respaldada por ley y convenio colectivo, curiosamente lo que han solicitado hasta por las redes sociales.
Un sindicato tiene la misión legítima de defender derechos. Pero esa defensa no puede convertirse en cerrojo que impida el funcionamiento institucional. La nueva regulación no suspende la licencia sindical; la condiciona a trámite formal y a recursos disponibles, algo razonable para asegurar el funcionamiento del Estado. Rehusarse a acatarla no es insubordinación legítima, sino un atentado contra el contrato tácito que une al trabajador público con el ciudadano: servir.
Sin diálogo, sin participación, la actividad sindical se deslegitima. ¿Qué ejemplo deja esto para el resto de los funcionarios si quienes deben liderar con responsabilidad se aíslan en su reclamo?
Si la cultura del trabajo es un tejido donde los derechos, el deber y el bien común se entrelazan, ADEOMS hoy comenzó a desenredar ese tejido con su postura intransigente. La defensa del trabajo no es una muralla de privilegios, sino una construcción compartida. Y en ese sentido, exigir derechos no puede confundirse con bloquear el compromiso laboral.
La cultura del trabajo en la intendencia debería aspirar a trascender privilegios y políticas pasajeras. Los trabajadores merecen justicia y oportunidades claras, sin que el proceso esté teñido por la coyuntura electoral. Por su parte, los sindicatos y la administración deben equilibrar su legítima defensa de derechos con una ética republicana en tiempos de traspaso.
La verdadera fortaleza sindical no radica en sostener el conflicto, sino en construir soluciones. Sin doble moral ni doble vara al momento de defender derechos. Sin diálogo, no hay legitimidad; sin legitimidad, no hay cultura del trabajo.
