El intendente Dr. Carlos Albisu remitió a la Junta Departamental un Proyecto de Decreto que consta de 33 artículos detallados que busca legalizar la operación de aplicaciones de transporte (como Uber o Cabify).
EL ESPÍRITU DE LA NORMA
El proyecto nace de la premisa de que el Estado no puede ser ajeno a los cambios tecnológicos que transforman la vida cotidiana. La exposición de motivos del Ejecutivo subraya que la regulación es el único camino para garantizar la integridad física de los usuarios y la seguridad vial. Al formalizar estas plataformas, el gobierno busca mitigar el transporte irregular y ofrecer a los ciudadanos alternativas que complementen al sistema de taxis y ómnibus existente. Un aspecto destacado es el concepto de «utilidad social». La administración entiende que estas herramientas no solo facilitan el traslado, sino que contribuyen directamente a políticas de seguridad ciudadana, como la tolerancia cero al alcohol. Al ofrecer otras opciones de transporte privado, se reduce la probabilidad de que personas conduzcan bajo los efectos del alcohol, fortaleciendo la seguridad en las calles.
REQUISITOS PARA EMPRESAS
Para operar en Salto, las plataformas -denominadas en el decreto como Empresas de Redes de Transporte (ERT)- no solo deben existir en el entorno digital; deben tener un anclaje legal y fiscal real en el departamento. El proyecto estipula requisitos claros para su habilitación:
-Constitución Legal: deben poseer domicilio fiscal en el país y constituir un domicilio real en el departamento de Salto para todas las comunicaciones administrativas y legales.
-Disponibilidad y Continuidad: se exige que la plataforma esté operativa las 24 horas del día, los 365 días del año. La administración considera que el transporte es un servicio esencial que no puede depender de la voluntad aleatoria de conexión de las empresas.
-Interoperabilidad y Control: las ERT están obligadas a compartir datos con la Intendencia de Salto. Esto incluye el acceso a registros de viajes, recorridos y conductores en tiempo real, permitiendo que el cuerpo de inspectores realice un control efectivo sobre el flujo vehicular y el cumplimiento de las normativas de tránsito.
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CONDUCTORES
El decreto pone un énfasis especial en que el servicio sea prestado por personal idóneo. El filtro de seguridad para los conductores es riguroso. Se exige la Licencia de Conducir Categoría «E» (profesional) o superior, otorgada específicamente por la Intendencia de Salto. Los aspirantes deben presentar un certificado de buena conducta (antecedentes judiciales) y contar con el carné de salud vigente. Cada conductor debe estar debidamente inscripto ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), asegurando que la actividad contribuya formalmente a la economía del departamento y que el trabajador cuente con sus derechos protegidos.
FONDO DE MOVILIDAD
El espíritu de la normativa busca un equilibrio cuidadoso sin desproteger a sectores tradicionales de transporte, como el taxi. El proyecto establece que el número total de permisos para conductores de aplicaciones será equivalente a la cantidad de licencias de taxímetro vigentes en el departamento. Finalmente, el decreto prevé la creación del Fondo de Movilidad Departamental. Este fondo se nutrirá de un canon que las plataformas deberán abonar por cada kilómetro recorrido en sus viajes dentro de Salto. Los recursos recaudados no irán a rentas generales, sino que tendrán destinos específicos: Mejora de infraestructura, inversión en tecnologías para el control del tránsito y programas de educación vial para la población.
