En una jornada marcada por el compromiso de las autoridades nacionales y locales, se presentaron las líneas maestras del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. Bajo la consigna de superar la «gestión de la emergencia» para pasar a una estrategia de Estado, el Ministerio del Interior, liderado por Carlos Negro, delineó un horizonte de diez años que promete impactar de forma directa en el departamento de Salto y toda la región del Litoral Norte. El programa, que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el BID y la ONU, no es un simple anuncio de más patrullaje; es un cambio de paradigma. Para Salto, la expectativa se centra en tres pilares fundamentales: el blindaje de la frontera, la lucha contra las economías criminales y una intervención social profunda en los barrios más vulnerables de la capital departamental.
UN ESCUDO PARA LA FRONTERA
Dada la ubicación estratégica de Salto, el plan pone especial énfasis en el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Se prevé una inversión significativa en tecnología de vigilancia para el litoral, que incluye el fortalecimiento de los pasos de frontera y una coordinación estrecha con la Armada Nacional para el control del río Uruguay. Para el productor salteño, el programa trae una respuesta largamente esperada: la modernización de las Brigadas de Seguridad Rural. Se implementarán sistemas de trazabilidad avanzada y vigilancia mediante drones para combatir el abigeato, un delito que sigue golpeando la economía del departamento.
INTERVENCIÓN EN LOS BARRIOS
Durante la presentación, se subrayó que «la seguridad se construye en las calles y en las escuelas». Para la ciudad de Salto, esto se traducirá en planes de prevención del delito que buscan rescatar a los jóvenes de las redes delictivas. El eje de «Prevención Social» contempla la llegada de programas de educación y empleo focalizados en las zonas con mayores índices de violencia, buscando cortar el suministro de mano de obra a las bandas criminales. Además, se fortalecerá la respuesta ante la violencia de género, un problema que en el interior del país requiere de una descentralización efectiva. El plan asegura que las unidades especializadas en Salto recibirán más recursos y formación para garantizar que ninguna denuncia quede en el olvido por falta de medios.
EL «MODELO URUGUAYO»
El ministro Carlos Negro fue enfático al señalar que este plan no pertenece a un partido político, sino que es un «modelo uruguayo» construido tras meses de diálogo con la academia, el sector productivo y la sociedad civil. «Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto», afirmó el jerarca, destacando que la implementación formal comenzará en marzo de 2026, tras una fase de ajuste financiero y operativo. Lo que Salto espera de esta década de seguridad es, en definitiva, la recuperación de la tranquilidad pública. Con más de 100 medidas concretas en carpeta, el éxito de este ambicioso proyecto dependerá de la capacidad del Estado para mantener la inversión y la coordinación entre la Policía, la Justicia y la Intendencia de Salto.
