En un fallo de alto impacto para la cooperación penal trasfronteriza, el Juzgado Federal de Concordia declaró procedente la extradición a Uruguay de Carlos Damián Araujo, el ciudadano sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol. La medida fue dispuesta por la jueza federal Analía Ramponi, al verificar que el pedido interpuesto por la justicia uruguaya. Durante la audiencia desarrollada en la jornada de ayer la magistrada encabezó el acto procesal. En la sesión también participó el abogado defensor de Araujo, Martín Lombardo, quien formalizó una serie de peticiones vinculadas al cómputo de la prisión preventiva cursada en la provincia de Entre Ríos.
ANTECEDENTES Y FUGA
El requerimiento de la justicia uruguaya responde a una condena firme dictada por los tribunales de la ciudad de Salto. En dicho fallo, Araujo fue sentenciado a cumplir cinco años y seis meses de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de receptación, dos delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y reiterados hechos de suministro de sustancias estupefacientes. Pese al procesamiento y posterior condena, Araujo logró fugarse del vecino país cuando aún le restaba por purgar más de cuatro años de encierro.
RECAPTURA EN CONCORDIA
El periplo de evasión del prófugo finalizó en marzo de 2026. Durante un operativo de saturación y cerrojo coordinado por el personal de la Jefatura Departamental Concordia en el barrio Belgrano Sur, las fuerzas de seguridad interceptaron y aprehendieron al ciudadano uruguayo. En el momento de su aprehensión, la policía argentina le secuestró diversos envoltorios con droga, municiones de variado calibre, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos elementos destinados al fraccionamiento y venta al menudeo de sustancias ilícitas.
PROCESO DE ENTREGA
El tramo final del procedimiento dependerá de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la cartera de Justicia. Dichos organismos nacionales deberán evaluar el estado y avance de la causa penal abierta en los tribunales entrerrianos antes de autorizar el traslado definitivo.
