El sector comercial y productivo de la ciudad de Salto se encuentra en un punto de profunda tensión. A través de un extenso manifiesto público, los diecisiete operadores históricos que durante los últimos treinta años han desarrollado su actividad en los galpones del Mercado del Norte expresaron su honda preocupación ante la falta de certezas, respuestas concretas y contratos definidos de cara al inminente traslado a las nuevas instalaciones de la Central Hortícola del Norte.
DESINFORMACIÓN
Los trabajadores hicieron llegar sus reclamos de forma directa a las máximas jerarquías políticas del país y del departamento, incluyendo al Presidente de la República, Yamandú Orsi, al Intendente de Salto, Carlos Albisu, y a los miembros de la Junta Departamental. En la declaración, el colectivo enfatiza que la desinformación reinante y la ausencia de un marco contractual formal vulneran las legítimas expectativas de familias enteras que han sostenido de manera ininterrumpida la economía local sin percibir ningún tipo de subsidio estatal.
NO HAY CONFIRMACIONES
Con el objetivo de echar luz sobre las versiones circulantes, el documento de los operadores aclara categóricamente que ninguno de los diecisiete comerciantes representados ha confirmado formalmente un puesto en la nueva Central Hortícola del Norte, de la misma manera que ninguno ha suscripto contrato alguno con la Intendencia de Salto. La primera aproximación real al nuevo predio ocurrió recién en las últimas horas para evaluar las condiciones edilicias existentes, por lo que el colectivo asegura que al día de hoy no existe una resolución adoptada ni un acuerdo alcanzado bajo las condiciones actuales que proponen las autoridades. Para respaldar su postura, la representación legal de los trabajadores invocó un sólido marco normativo fundamentado en la Constitución de la República. El reclamo se apoya en el Artículo 8, que consagra la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier tipo de discriminación por antigüedad o afinidad política, así como en los Artículos 7, 36 y 72, orientados a la protección del derecho al trabajo y a la libertad de industria y comercio.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los operadores remarcan firmemente que su intención no es oponerse al progreso urbano, al desarrollo de la infraestructura hortícola ni a la modernización de la ciudad. Lo que solicitan es un trato institucional respetuoso y acorde a un Estado de Derecho, donde existan garantías documentadas, igualdad de condiciones frente a otros actores y un debido proceso administrativo. En los párrafos finales del documento, el colectivo lanza un fuerte llamado a la responsabilidad política y a la altura institucional. Se exhorta de manera directa a los ediles de la Junta Departamental a romper el silencio, exigir transparencia y actuar como verdaderos garantes de los derechos ciudadanos. Los comerciantes concluyen advirtiendo que, si bien la prioridad absoluta de su parte continúa siendo el diálogo constructivo y la búsqueda de una solución negociada, se reservan el derecho a ejercer todas las acciones legales y administrativas que el ordenamiento jurídico uruguayo prevé para la tutela efectiva de sus derechos laborales.
