Pasar al contenido principal

Vehículos incautados: se los devolverá sin pago previo de multas aunque no se eliminan

El proyecto que busca habilitar la devolución de motocicletas y otros vehículos incautados por la Intendencia de Salto desde 2023 podría llegar al plenario de la Junta Departamental en los próximos días. Así lo explicó el abogado Cristian Suárez, presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento, quien señaló que la iniciativa se encuentra en estudio y existe voluntad de darle trámite rápido. La propuesta responde, por un lado, a la necesidad de resolver la acumulación de vehículos en el predio donde permanecen bajo custodia municipal, con las dificultades ambientales y de capacidad que esto genera. Por otro, procura que los propietarios tengan la posibilidad de recuperar sus bienes.

SESENTA DÍAS PARA RECLAMAR

Según explicó Suárez, una vez aprobado y publicado oficialmente el decreto en los diarios locales, comenzará a correr un plazo de 60 días para que los interesados concurran a la Intendencia a retirar sus vehículos. El procedimiento comprende los incautados entre el 1.º de enero de 2023 y la actualidad. Para acreditar la titularidad deberán presentar la documentación correspondiente: título de propiedad, sentencia de prescripción, documentación notarial, compromiso de compraventa o testimonio, entre otros elementos que permitan demostrar fehacientemente la legitimación. El vehículo deberá encontrarse en condiciones de circular. Si no reúne las condiciones mínimas de seguridad, su retiro deberá realizarse mediante un servicio de grúa.

LAS MULTAS NO DESAPARECEN

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que no se exigirá el pago previo de las multas ni de las infracciones que motivaron la incautación. Tampoco será necesario cancelar o convenir las deudas de patente para retirar el vehículo. “Va a poder sacarla si cumple con estas exigencias”, explicó Suárez. Sin embargo, aclaró que las obligaciones económicas permanecerán: las multas y las deudas de patente continuarán vigentes y generando intereses mientras no sean abonadas. Para determinadas infracciones consideradas especialmente riesgosas —como conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin casco o sin luces— se establecen obligaciones adicionales.