Un severo golpe al microtráfico y a los delitos conexos se consolidó en el departamento tras las actuaciones judiciales derivadas de la Operación Rojo, un procedimiento de allanamientos múltiples coordinado por las fuerzas de seguridad que permitió desarticular una red de suministro de estupefacientes. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto emitió los oficios pertinentes con las condenas y medidas cautelares para un total de nueve implicados.
CONDENAS
En primer término, las ciudadanas identificadas como C.M.S.A., M.M.F.R. y G.A.M.P. resultaron condenadas como autoras penalmente responsables de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, debiendo cumplir una pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría. Por su parte, la condena más severa recayó sobre C.J.D.S.D.S., considerado autor penalmente responsable de una multiplicidad de delitos en régimen de reiteración real: reiterados delitos de suministro de estupefacientes, un delito de lesiones personales agravadas, un delito de porte de arma por reincidente y un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Para este último se dispuso la pena de 3 años y 10 meses de penitenciaría. Asimismo, los encausados M.I.V.M. y L.M.B.P. recibieron una pena de 3 años de penitenciaría tras comprobarse su autoría en reiterados delitos de suministro de sustancias prohibidas.
MENORES DE EDAD
La intervención judicial también alcanzó a menores de edad bajo la legislación penal adolescente. P.G.F.C. fue declarada autora responsable de reiteradas infracciones graves a la ley penal, tipificadas como reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, imponiéndosele una medida socioeducativa privativa de libertad con internación en un establecimiento del INISA por un período de 5 meses. En tanto, el adolescente T.N.F.C. recibió una medida similar de internación en el INISA por 10 meses, al ser hallado responsable de reiterados delitos de suministro, un delito de receptación y un delito de hurto, todos en régimen de reiteración real. Finalmente, con respecto a L.A.D., la Justicia dispuso la aplicación de medidas cautelares por un plazo de 180 días, obligándolo a fijar domicilio y prohibiéndole la salida del país sin autorización previa.
