La reciente publicación de una resolución oficial del Poder Ejecutivo, fechada el pasado 7 de mayo, encendió el debate político en torno a la gestión de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El documento, que lleva las firmas del presidente Yamandú Orsi y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, autoriza una transferencia de hasta 744 millones de pesos uruguayos a favor de la Delegación Uruguaya para el Ejercicio 2026. La medida generó inmediatas reacciones en filas de la oposición, donde se señala una marcada contradicción entre el actual accionar gubernamental y el relato sostenido durante los últimos años.
CAMPAÑA ORQUESTADA
Desde los sectores hoy opuestos al gobierno se recuerda con énfasis la dura campaña de críticas que el actual oficialismo desplegó durante el período pasado contra la anterior administración de Salto Grande. En aquel entonces, los cuestionamientos desde el Frente Amplio apuntaban sistemáticamente a supuestos despilfarros, irregularidades presupuestales e incluso se llegó a instalar públicamente la tesis de que el organismo binacional había sido "fundido". Aquella narrativa derivó en pedidos de renuncia, interpelaciones parlamentarias y denuncias sobre la naturaleza de las partidas complementarias que el Ministerio de Economía enviaba a la CTM.
SILENCIO URGENTE
Sin embargo, el escenario actual muestra un giro drástico que la oposición califica como "el fin del relato". Con el nuevo gobierno en funciones, el Ministerio de Economía convalidó de forma idéntica los mecanismos de asistencia financiera que antes fustigaba, habilitando una partida millonaria bajo el amparo de la Ley 20.446, y contando con el aval del Tribunal de Cuentas. Quienes hoy denuncian esta situación remarcan el "silencio sugerente" de las autoridades que antes denunciaban estas transferencias y hoy las ejecutan desde el Poder Ejecutivo.
COHERENCIA DISCURSIVA
Más allá del estricto plano financiero y de la coherencia discursiva, la principal discrepancia que se plantea radica en el destino y el impacto territorial de los fondos. Voces de la oposición técnico-política de la región norte señalan que la anterior gestión de la CTM mantenía una fuerte y visible contraprestación social en Salto y sus alrededores, destinando recursos al apoyo de instituciones deportivas, policlínicas, infraestructura cultural, fomento del turismo y obras de desarrollo que llegaban de forma directa a los vecinos.
CONTRASTE
En contraste, la actual conducción de la Delegación Uruguaya es criticada por implementar un modelo de gestión marcadamente burocrático, con un repliegue de su presencia en el territorio y una menor cercanía con la comunidad local. El argumento opositor subraya una paradoja central: la CTM actual mantiene o eleva los niveles de gasto estatal a través de estas millonarias partidas presupuestales, pero ha recortado significativamente la inversión social directa en la región del litoral.
EVIDENCIAS
Para la oposición, la aparición de esta resolución demuestra que las acusaciones del pasado formaron parte de una estrategia estrictamente electoral y de una "operación política", dado que, al asumir la responsabilidad de gestionar el Estado, el oficialismo terminó validando la necesidad técnica de los mismos recursos que antes criticaba, pero con un menor compromiso hacia el tejido social de la comunidad salteña.
