La Asociación de Ciegos de Salto (ACISA) atraviesa uno de sus momentos más críticos tras recibir una orden judicial que les exige abandonar su sede en un plazo de apenas 15 días. La noticia ha causado conmoción en la comunidad, ya que el desalojo implica el cierre del único centro especializado que atiende a personas con discapacidad visual en el departamento.
PROMESAS INCUMPLIDAS
La situación legal de la sede, ubicada en 8 de Octubre 2083, se ha vuelto un laberinto de irregularidades y cambios de propiedad. Según detalla la directiva de la asociación en una carta abierta, el inmueble pertenecía originalmente a un sacerdote fallecido y, por ende, a la Curia de Salto. Sin embargo, la cooperativa Calsal -tras pagar una contribución treintenaria- tomó posesión y otorgó un comodato a la asociación en 2016, a pesar de que en ese momento aún no poseía la titularidad del padrón.
QUIEBRE DE LA «GRACIA»
La controversia central radica en el incumplimiento de los plazos de permanencia. Según ACISA:
- Se les había prometido un «año de gracia» que extendería su estadía hasta mayo o noviembre de 2026.
- Sorpresivamente, una orden judicial ha ignorado tanto los acuerdos verbales como los documentos previos, obligándolos a desalojar en los primeros días de abril.
- Este plazo de 15 días coloca a la institución en una situación de vulnerabilidad absoluta, al no contar con recursos económicos para costear un alquiler privado.
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
La presidenta Esther Reynoso y la secretaria Mirta Medina han hecho un llamado desesperado a la «generosidad y empatía» de la población. Entre 35 y 40 personas dependen directamente de este centro para recibir apoyo educativo, cultural y social. La asociación solicita la colaboración de cualquier particular que posea una vivienda desocupada y esté dispuesto a cederla en comodato.
