De acuerdo a la información de Búsqueda, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó el recurso de casación presentado por 18 exfuncionarios de la Intendencia de Salto, que reclamaban una reparación económica por sus despidos, al argumentar que se trató de una persecución política por pertenecer al Partido Colorado. Los ceses se dieron luego del cambio de mando del gobierno departamental en julio de 2015, cuando dejó el cargo el colorado Germán Coutinho y asumió el frenteamplista Andrés Lima.
VULNERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
El máximo órgano del Poder Judicial entendió que las contrataciones que pretendieron convertir sus vínculos en permanentes, vulneraron el artículo 229 de la Constitución —que, entre otras cosas, impide hacer contrataciones en los 12 meses anteriores a las elecciones departamentales—, por lo que el cese de los trabajadores “no solo fue ajustado a Derecho, sino que también era un deber de la Administración”, indicó el fallo. La sentencia, confirmó los fallos de primera y segunda instancia que habían rechazado la demanda promovida contra la comuna de Salto, los que señalaban en la demanda presentada en el 2015, que sus defendidos tenían derecho a ser retomados por la administración. Luego de asumir como intendente, Andrés Lima creó una comisión especial para relevar el estado de los vínculos funcionales de la Intendencia de Salto, lo que derivó en la suspensión y desvinculación definitiva de más de 250 trabajadores que habían ingresado por designación directa durante la administración de Germán Coutinho
