La polémica vuelve a encenderse en torno a la gestión de los recursos públicos y la política de contrataciones de la Delegación Uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En las últimas horas, una investigación periodística confirmó la incorporación de dos nuevos asesores al organismo binacional, quienes percibirán remuneraciones individuales que rozan los nueve mil dólares mensuales, una cifra que genera un profundo malestar en diversos sectores sociales y políticos.
DESIGNACIONES DIRECTAS
El ingreso de estos asesores se suma a una lista de designaciones directas que viene bajo la lupa pública desde hace varios meses. La asignación de salarios de tal magnitud en la esfera de la administración pública reabre el debate sobre la austeridad del gasto estatal y los criterios utilizados para determinar las compensaciones de cargos de confianza o asesoramiento en áreas clave de la infraestructura energética y el desarrollo regional.
CUESTIONAMIENTOS
A pesar de que las autoridades correspondientes argumentan que estas incorporaciones responden a necesidades técnicas indispensables para el funcionamiento y la planificación estratégica de los proyectos del litoral, la oposición y diversos colectivos gremiales no tardaron en manifestar su rechazo. Los cuestionamientos apuntan principalmente a la falta de mecanismos de concurso abierto y a la disparidad salarial que existe entre estos puestos de designación directa y los trabajadores operativos de la represa, quienes recientemente han protagonizado medidas de fuerza y declaraciones de conflicto por reclamos de convenios laborales. Las repercusiones políticas de este nuevo hallazgo prometen trasladarse al Parlamento en los próximos días, donde no se descartan llamados a sala y pedidos de informes detallados sobre la masa salarial del organismo.
