Dr. Álvaro Lima
Diputado FA Salto
Alcanza con adentrarse en el texto de este proyecto de ley de urgente consideración, para confirmar el retroceso que comprende el título. Así lo manifiestan las distintas organizaciones e instituciones de la sociedad ante la comisión especial que viene analizando desde Senadores; esta excelsa elaboración. Estuvimos estudiando el segmento de seguridad días atrás, y nos quedó expresar el cuestionamiento hecho por la Cátedra de derecho penal de la Universidad en cuanto a que éste proyecto focaliza la prisión como único recurso ante el delito, provoca más violencia en el sistema y no toma en cuenta el hecho delictivo y si la personalidad del autor.
En cuanto a los proceso penales juveniles, se duplica la pena máxima pasando de 5 años a 10 de privación de libertad y aumenta el mínimo de 1 a 2 años en detrimento de los programas de medidas no privativas, cuyos presupuestos se han reducido al 50% a partir del 1 de marzo pasado; día en que asumió el nuevo gobierno.
La educación presenta con este proyecto a nivel universitario, una quita de oportunidades a la población más vulnerable que con los gobiernos del Frente Amplio llegó a metas inimaginables. Hay consecuencias negativas en el desarrollo y en la investigación de la Udelar, así lo expresó el rector Rodrigo Arim. Preocupa en el texto el hecho de que se implemente un proyecto educativo en un modelo de estratificación que no permite acceder a los sectores más humildes a la educación terciaria. La descentralización educativa que ha sido un inmenso logro de la fuerza política, que ha consolidado la presencia universitaria en varias ciudades del país, que provocó la aparición de la Universidad Tecnológica (UTEC); con el recurrente proyecto de urgente consideración reduce la inversión en el proceso de compras y de contratación de docentes calificados así como de personal. Ahí la otra nota que atraviesa de principio a fin este proyecto selectivo, privatizador y exclusivo: el recorte presupuestal en todas las áreas de desarrollo del país (educación, salud, vivienda, ciencia); acompañado de una intención inocultable de desmantelar las empresas públicas.
La participación docente por ejemplo, en la enseñanza primaria, secundaria y en UTU debilita el proceso educativo, lesiona el procedimiento de los concursos y de la negociación colectiva; cuando éste proyecto promueve que directores/as elijan a docentes para los centros educativos.
La educación en éste nuevo paradigma devastador y al que no le importa la gente, menos aún si es vulnerable y de escasos recursos; busca el debilitamiento del sector público en todos sus niveles y fortalece lo privado.
Vuelve inalcanzables las oportunidades para la mayoría de la población, priva de acceder a los servicios esenciales que han permitido la superación y el desarrollo con crecimiento sostenido.
Es probable que en los primeros días del mes de junio, nos topemos con este proyecto en Diputados. Nuestro compromiso seguirá siendo estar al lado de la población, cuidarla y proteger sus intereses, defender la agenda de derechos lograda y marcar posición.
Pretendemos, simplemente, que sobre la base de lo alcanzado se siga construyendo un Uruguay de avanzada y no hacer de él, un lugar de oscuridades, que subestima a su población y trabaja para provocar más brechas.
