Por Adrián Canosa
Hace algunos días ocurría algo insólito para nuestro país, al menos desde el regreso a la democracia. Una banda narco atentaba contra la vida de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Esto encendió las alarmas de todo el sistema político, dada la gravedad del asunto. Una de las figuras que dejó en clara su postura fue Gustavo Salle, diputado nacional por Identidad Soberana, partido creado por él mismo. CAMBIO logró comunicarse con el doctor en derecho para saber que se explaye acerca de su postura sobre el asunto, así como de otros tópicos subyacentes.
– ¿Cuál es la postura referente a este caso, para Identidad Soberana? ¿Qué hay que hacer para proteger a los fiscales, por ejemplo?
– La posición de Identidad Soberana es diferente a la posición del resto de los partidos. A tal punto que cuando el señor Presidente de la República frente a este hecho convoca a los partidos, excluye del llamado a Identidad Soberana, y eso ya es un signo muy significativo. En realidad la institucionalidad democrática republicana del país ya está atacada y vulnerada desde el 2017, cuando el Dr. Tabaré Vázquez cumpliendo tal vez exigencias de los grupos de poder y de los organismos multilaterales de crédito, avasallando la Constitución de la República, le quitó al Poder Judicial el poder de investigar las causas penales y creó un servicio descentralizado inconstitucional al cual le atribuyó ese poder que le confiscó al Poder Judicial. Así que allí ya tenemos el primer grave problema de ataque institucional. Y no provino del narcotráfico, provino del propio sistema político uruguayo. Uruguay se convierte en un polo logístico de exportación de drogas para todo el mundo. Inevitablemente ello iba a generar consecuencias en todo lo que tiene que ver con el cometido esencial del Estado y del presidente de la República, que es el previsto en el artículo 168 numeral primero, que es la seguridad interna del país.
-¿Cómo evalúa la situación actual en materia de seguridad?
-Han habido militares con estudios de carácter estratégico en materia de inteligencia y seguridad que han diagnosticado una suerte de estado parcialmente fallido, es decir, un estado que no puede cumplir con su cometido esencial, que es el de la seguridad pública. Eso se profundizó y no con el atentado mensaje a la fiscal general Mónica Ferrero, sino que tuvimos una semana anterior en que el narcotráfico o las actividades vinculadas al narcotráfico generaron siete muertos. Al mismo tiempo hace ya un largo periodo que los barrios periféricos están padeciendo situaciones altamente mortificantes de balaceras, balaceras al lado de CAIFs, al lado de centros educativos, balas perdidas que han herido a niños. Es decir, se vive un estado de conmoción interna del país. El atentado mensaje que sufrió la fiscal general es una perla más del collar de síntomas, de inseguridad muy grave que vive el país. A la fiscal general evidentemente no la quisieron matar, porque si el narcotráfico quiere matar, mata. No falla. Sí que quisieron mandar un mensaje, eso no cabe la menor duda. Un mensaje intimidatorio, ejemplarizante, eso no cabe la menor duda, lo vuelvo a repetir. Y luego el desarrollo de los acontecimientos posteriores a ese atentado mensaje tornan muy rara la situación. Tornan rara la situación y permiten conjeturar sobre cuál fue el verdadero origen de ese atentado mensaje, la finalidad que pudo tener. Nosotros, a título de conjetura y mera hipótesis de trabajo, no descartamos la posibilidad de una bandera falsa. ¿Qué significa una bandera falsa? Bueno, que ese atentado mensaje pueda provenir de algún sector del propio poder.
– ¿Qué medidas se pueden tomar para lidiar con esta situación?
– No, a este gobierno no les doy las medidas que se deben tomar. ¿Qué medidas tomaría yo como presidente de la República? Es otra cosa. A un gobierno que no ha luchado contra la corrupción, a un gobierno que promueve la corrupción, a un gobierno que perdona la corrupción, a un gobierno que lo tengo que denunciar porque hace una compra de 32 millones de dólares por una estancia harto sospechosa y por eso denuncio penalmente, y los partidos políticos acompañan mi posición, que ha sido una posición histórica de lucha por la probidad en la administración pública y cuidándole el bolsillo a los uruguayos. A este gobierno no le doy ninguna herramienta. Distinto sería un gobierno de Identidad Soberana. Eso sería otra cosa. A ese le doy los instrumentos constitucionales que ameritan un estado de conmoción interna como vive el Uruguay. Es el previsto en el artículo 168 numeral 17 de la Constitución de la República, un instituto de severo control parlamentario que se llama medidas prontas de seguridad.
– ¿Deben participar las Fuerzas Armadas en la custodia de los fiscales o en intervenir directamente en un estado de situación?
– En el gobierno democrático republicano que lucha por la honestidad, la probidad y la felicidad del pueblo uruguayo, que sería el gobierno de Identidad Soberana, sin lugar a dudas. No en la custodia de los fiscales, magistrados y políticos. No, no, en la custodia y seguridad del pueblo uruguayo. Vamos a empezar por ahí. Primero el pueblo y después en todo caso los funcionarios públicos.
– Saliendo un poco del Uruguay, aunque de alguna forma vinculado a este tema, ¿qué opina del caso Bukele en El Salvador?
– Yo tengo pedida una entrevista al señor presidente de El Salvador en mi calidad de representante nacional de la República Oriental del Uruguay. Estoy esperando la respuesta para hacer una visita privada y solventada con mis recursos económicos para ver in situ el fenómeno del Salvador, que reconozco que a nivel internacional pone de manifiesto un cambio sustancial de la situación de seguridad interna del país y me gustaría hablar del tema después de cumplir con ese propósito de constatación directa in situ de la situación.
