Por Andrés Torterola
El 6 de julio del año pasado, CAMBIO entrevistó a una madre que, junto a sus cuatro hijos, había quedado en situación de calle y debió vivir en un invernáculo y otros lugares inhóspitos. Siete meses después, volvimos a contactarla y, sorprendentemente, su situación no ha mejorado. Según relató, nadie le brindó la atención necesaria. Funcionarios del MIDES se comprometieron a inscribirla para acceder a una vivienda, dado que sus cuatro hijos viven en condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad. También le advirtieron que podría haber dificultades si intervenía el INAU, ya que el lugar donde residía -en ese momento un invernáculo- no era adecuado. A pesar que le aseguraron que iniciarían el trámite habitacional, la familia continúa completamente desamparada.
RANCHO DE TABLAS
Hoy, la madre se encuentra en el barrio Andresito, donde una vecina le cedió un pequeño terreno. Allí construyó, con tablas y piso de tierra, un improvisado refugio donde vive junto a sus hijos. “No quiero que me los saquen. Ellos están bien, pero necesitamos una vivienda digna”, expresó, y anunció que volverá a recurrir al ministerio en busca de una solución. Las contradicciones institucionales pueden resultar tan sorprendentes como dolorosas. Así lo expresó en su momento la madre de los cuatro niños, quien fue desalojada en pleno mes de julio de una vivienda a la que había accedido por necesidad, ocupándola ante la desesperación de no tener dónde vivir.
SIN OPCIONES
Nuevamente entrevistada por CAMBIO, relató que, debido a circunstancias familiares imprevistas, de un día para otro se encontró en situación de calle junto a sus cuatro hijos menores. “Quedamos sin nada: sin un techo, sin recursos y sin posibilidad alguna de alquilar”, recordó. La mujer explicó que recurrió a una vivienda abandonada como último recurso, intentando proteger a sus hijos del intenso frío que en esos días había provocado muertes en Salto y en otras ciudades del país. “No lo hicimos por capricho ni por rebeldía. Lo hicimos porque no teníamos otra opción. Sin embargo, la respuesta fue el desalojo, sin que nos ofrecieran una alternativa real”, lamentó.
FRAGILIDAD ECONÓMICA
La situación expone con claridad la profunda desconexión que muchas veces existe entre la realidad social y las respuestas institucionales. Mientras las familias más vulnerables atraviesan escenarios de emergencia —como la falta de vivienda, el frío o calor, la inseguridad y la carencia de recursos básicos— los mecanismos públicos suelen resultar lentos, insuficientes o incapaces de brindar una cobertura efectiva. Este caso, como tantos otros, refleja cómo la crisis habitacional golpea con mayor fuerza a quienes ya se encuentran en condiciones de fragilidad económica y emocional. Las instituciones, por más que cuenten con programas y normativas, no siempre logran actuar con la rapidez y sensibilidad que requieren estas situaciones límite. La falta de coordinación, los procesos burocráticos y las respuestas parciales o contradictorias terminan profundizando el sufrimiento de estas personas afectadas.
