El sector ganadero uruguayo registró pérdidas económicas que rondan los 800 millones de dólares anuales entre 2011 y 2021, según el estudio del Comité de Coordinación en Investigación en Salud Animal (Ccisa). Este análisis, llevado a cabo en 2022 por un equipo multidisciplinario de especialistas, revela que el 55% de estas pérdidas se concentra en la ganadería bovina de carne, seguida por la producción lechera con un 29% y la ovina con un 14%. Este impacto, equivalente al 34% del Producto Bruto Interno (PBI) pecuario de 2021, evidencia la necesidad de reforzar las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) en salud animal para mitigar sus efectos en la economía del país.
El informe, liderado por los doctores Darío J. Hirigoyen, Marcelo Rodríguez, Edgardo Rubianes y el economista Diego Campoy, destaca que las pérdidas no solo responden a factores económicos como la evolución del precio, sino también a variables tecnológicas. Esto pone de manifiesto la importancia de una gestión integral de la salud animal, que incluye desde la prevención de enfermedades hasta la mejora en la aplicación de tecnologías de manejo. A pesar de que el gasto en salud animal equivale al 28% de las pérdidas, el desafío radica en optimizar esta inversión para generar impactos positivos a largo plazo.
La ganadería bovina de carne, principal afectada, enfrenta variaciones significativas que van más allá de los precios de mercado, mientras que la producción lechera y ovina presentan patrones más estables, pero no menos preocupantes. Desde la creación del Ccisa en 2013, se ha intentado avanzar en políticas más efectivas de salud animal, pero el informe evidencia que el esfuerzo debe intensificarse.
Estas pérdidas, vinculadas a la mortalidad y enfermedades en bovinos, ovinos y otras especies productivas, revelan un impacto profundo en el sector agropecuario. Con una inversión en investigación y desarrollo (I+D) que apenas alcanza el 2,2% del gasto total en salud animal, los datos subrayan problemas estructurales y una marcada desigualdad en la distribución de recursos entre los sectores público y privado.
El informe señala que la producción de carne bovina concentra el 86% del gasto público y el 52% del privado, mientras que sectores como la apicultura reciben apoyo mínimo del Estado, obligando a los productores a asumir casi en su totalidad los costos sanitarios. En el caso de los ovinos, las pérdidas ascienden a 100 millones de dólares anuales, equivalentes al 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) pecuario, mientras que, en la lechería, estas se elevan a 230 millones de dólares anuales.
La falta de uniformidad en los datos y el desinterés histórico en abordar la economía de la salud animal complican la identificación de soluciones. A pesar de ello, el informe destaca que el gasto público en salud animal proviene mayoritariamente del presupuesto de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG). Por cada 10 dólares invertidos por los productores de ganado bovino, el sector público contribuye con 6, un esfuerzo que contrasta con los apenas 2,7 dólares destinados por el Estado en otras cadenas productivas.
A nivel global, el gasto preventivo, como en los encierros a corral, se estima en 4 dólares por animal para mantener una baja mortalidad del 0,5%-1%. Sin embargo, las inversiones en I+D se encuentran rezagadas, representando tan solo un 0,14% del PIB pecuario en 2021. Esto contrasta con el impacto de las enfermedades zoonóticas, cuyos costos económicos no han sido cuantificados debido a la falta de datos consistentes.
El análisis, que abarcó el período de 2000 a 2021, señala que el gasto en salud animal asciende a 224 millones de dólares por año, con una distribución significativa en bovinos de carne (42%), bovinos de leche (16%) y animales de compañía (32%). Sin embargo, los esfuerzos actuales parecen insuficientes frente a las complejidades del sistema productivo y las crecientes demandas internacionales de inocuidad alimentaria.
Entre las recomendaciones destacadas en el informe, se subraya la necesidad de crear un sistema de información estandarizada para monitorear la salud animal, lo que permitiría tomar decisiones más precisas y fundamentadas. Asimismo, se propone capacitar equipos técnicos y establecer mecanismos claros para registrar y evaluar los gastos en esta área, optimizando los recursos disponibles.
El impacto de las pérdidas no se limita al ámbito económico. Problemas como el uso indebido de productos veterinarios, la inocuidad de los alimentos de origen animal y las barreras sanitarias dificultan el acceso a mercados internacionales estratégicos, poniendo en riesgo la competitividad de Uruguay en el comercio global.
El estudio del Ccisa, que considera enfermedades zoonóticas y el bienestar animal, resalta la importancia de adoptar un enfoque holístico para enfrentar los desafíos. La salud animal no solo afecta la productividad, sino que también está vinculada a la salud humana y ambiental, elementos fundamentales del concepto «Una Salud».
