Por Andrés Torterola
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) de Uruguay, José Olivera en nota concedida a CAMBIO se refirió a seis docentes del Liceo 1 del departamento de San José que fueron sancionados con seis meses de separación del cargo por divulgar fotos de ellos en la institución en contra de la campaña por el plebiscito de Vivir sin Miedo en 2019.
INICIO DEL PROCESO
Olivera aseguró que se trató del inicio de un proceso de persecución que contó con articulaciones tanto desde el CODICEN de la ANEP como desde el Parlamento y algunos medios masivos de comunicación de la capital. Durante la jornada de ayer, mientras participaba en una reunión del comité ejecutivo, Olivera afirmó que, tras examinar lo ocurrido en el Liceo Nº 1 de San José, se concluyó que no se respetó el equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad sindical. Además, se constató que en el momento del hecho no había estudiantes presentes en la institución.
VULNERANDO PRINCIPIOS
Los docentes que fueron sumariados y separados de sus cargos iniciaron una demanda civil contra la actuación de la administración. Actualmente, dos jueces de sedes judiciales distintas, en el ámbito del contencioso administrativo, han condenado a la ANEP al pago de daños y perjuicios. Ambos magistrados coincidieron en que existió un abuso de poder e intencionalidad de actuar al margen del estado de derecho, vulnerando principios jurídicos fundamentales, como el de certeza jurídica. Señalaron, además, que la administración anterior ignoró que la denuncia presentada oportunamente por la directora del Liceo Nº 1 ya había sido analizada y archivada, y que fue reabierta en el contexto de un cambio político.
INTENCIONALIDAD
Olivera afirmó que se actuó con intencionalidad y pleno conocimiento de que se estaba violando una norma, lo que confirma que lo que se enfrentó —y ahora debe ser reparado— fue una política de persecución. Señaló que las nuevas autoridades de la ANEP deberán evaluar si los funcionarios públicos que actuaron conscientemente al margen del marco jurídico son responsables y, por tanto, deberían asumir las indemnizaciones que hoy recaen sobre la ANEP. Según Olivera, existió una responsabilidad funcional del entonces presidente del CODICEN, de la directora general de Secundaria y de otros funcionarios, cuya actuación deberá analizarse respetando el debido proceso.
ASUMIR LAS INDEMNIZACIONES
Lo que resulta evidente es que cualquier evaluación proveniente de fuera del sistema educativo expone una clara intencionalidad política, junto con indicios de abuso y arbitrariedad; en otras palabras, prácticas ajenas al marco jurídico que caracterizó parte de la gestión de la administración anterior. Si no se llegara a un acuerdo para que los responsables asuman las indemnizaciones correspondientes, será este gobierno quien deba afrontar las consecuencias de esas acciones.
