En una resolución que reaviva el debate jurídico sobre los límites de la responsabilidad penal, la Fiscalía de 4º Turno de Salto dispuso la libertad de un hombre de 58 años que había sido detenido tras asaltar un comercio en el barrio Salto Nuevo. La decisión se fundamentó en la comprobación de un «estado de necesidad», figura prevista en el Código Penal uruguayo.
EL INCIDENTE
El hecho se registró minutos después de las 10:00 horas de este jueves, en la intersección de la Avenida Manuel Patulé y calle Juan Antonio Lavalleja. Según el reporte policial, el hombre ingresó a un almacén de la zona solicitando alimentos. La propietaria, una mujer de 47 años, accedió inicialmente al pedido entregándole un paquete de galletas de forma gratuita. Sin embargo, la situación escaló cuando el individuo, aparentemente disconforme con la donación, intentó sustraer varias empanadas que se encontraban sobre el mostrador. Al notar la maniobra, la comerciante intentó impedir el robo, lo que derivó en un forcejeo. En ese contexto, el hombre la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, provocándole una lesión, y emprendió la huida.
CAPTURA Y RESOLUCIÓN JUDICIAL
Efectivos policiales que patrullaban el área lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar del incidente. Tras permanecer detenido y ser puesto a disposición de la Justicia, la magistrada actuante evaluó el contexto socioeconómico y las motivaciones del implicado. Pese a la existencia de violencia física, la Fiscalía determinó que el móvil del delito fue la subsistencia, dado que el objeto del robo era estrictamente alimento.
MARCO LEGAL: EL «ESTADO DE NECESIDAD»
Está amparado en el Artículo 27 del Código Penal, el cual exime de pena a quien comete un mal para evitar otro mayor e inminente (en este caso, el hambre extrema o la inanición), siempre que no sea provocado por el autor y sea proporcional a la situación.
REPERCUSIONES
El fallo ha generado sorpresa en la comunidad local, particularmente por el uso de la fuerza contra la comerciante. No obstante, desde el ámbito jurídico se señala que la Justicia priorizó la vulnerabilidad del indagado, quien manifestó encontrarse en una situación de indigencia total.
